El Director General de la Policía ha creado una Oficina Nacional de Derechos Humanos para “interiorizar” dentro del cuerpo la defensa y “salvaguarda” de los derechos de “grupos más vulnerables y la perspectiva de género e igualdad”, con el objetivo de “contribuir a generar una cultura que genere confianza en la sociedad”.
La oficina se ha creado mediante la resolución de 27 de septiembre de 2019, a la que ha tenido acceso h50, y es complemento de otras ya creadas como la Oficina Nacional de Delitos de Odio o la Oficina Nacional para la Igualdad de Género, creadas en 2018.
De acuerdo a la resolución, se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico de la Policía 2017-2021, “el cual pone especial énfasis en los grupos más vulnerables y en la perspectiva de género e igualdad, al objeto de tomar en consideración la estrecha relación que guarda la indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos con la actividad policial”.
Según el escrito insertado en la Orden General y que firma Francisco Pardo Piqueras, director de la institución, ahora “se estima necesario dictar una nueva resolución que permita continuar salvaguardando los mismos (derechos) y contribuya a generar una cultura de Derechos Humanos en la institución policial para prevenir su vulneración y generar confianza en la sociedad”.
PROPICIAR UN AMBIENTE DE COMPROMISO
La nueva oficina dependerá de la Subdirección General del Gabinete Técnico y celebrará reuniones a las que pueden asistir un representante de cada una de las organizaciones sindicales representativas.
En la parte de objetivos, la Dirección General determina que se encargará de “definir políticas, criterios y acciones encaminadas a producir una efectiva asesoría en asuntos de Derechos Humanos relacionados con los miembros de la institución, fomentando y propiciando hacia el interior de la institución, y en todos sus niveles, un ambiente de compromiso para la defensa de los mismos e interiorización de estos como elemento esencial e inherente de su trabajo”.
La Oficina Nacional de Derechos Humanos desarrollará funciones como observatorio en la materia e “interlocutora social”. También tiene previsto impulsar programas de formación y mantener relaciones con otras administraciones e instituciones tanto públicas como privadas, dentro y fuera de España.
Entre los antecedentes se cita el compromiso de España con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o los trabajos como miembro del Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacando en este marco el trabajo previo para la “promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la lucha contra la discriminación y el logro de una igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, real y efectiva, o la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio”.
Autor: Antonio Abarca
