La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial trasladará al Ministerio del Interior una propuesta llevada a cabo a través de un informe remitido por AJFV (Asociación Judicial Francisco de Vitoria) para el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de delitos como el narcotráfico
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria –AJFV- ha enviado un escrito a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, con una serie de propuestas para paliar la situación actual de los juzgados de primera instancia e instrucción en las localidades como Barbate o La Línea de la Concepción. En él se anexa un informe que advierte de la sobrecarga de trabajo que estos órganos judiciales soportan como consecuencia de la tramitación de causas complejas por delitos relacionados con el narcotráfico.
Entre las diversas propuestas presentadas por la AJFV, la Comisión Permanente ha decidido hoy remitir al Ministerio del Interior una propuesta que recoge el establecimiento del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de los delitos en relación con el narcotráfico.
El pasado 16 de febrero, desde AUGC se volvieron a enviar al ministerio del interior un Plan Integral para luchar contra la delincuencia organizada en su ámbito de redes delictivas que trafican con diferentes tipos de droga en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la Provincia de Cádiz.
Este plan recoge establecer a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad. Esta denominación implicaría la declaración de Profesión de riesgo para los guardias civiles y policías allí destinados, el incremento de los medios, así como modificar varias medidas legislativas y la especialización de los juzgados contra el narco, entre otras medidas de especial relevancia, que resultan coincidentes con las que se proponen por AJFV.
Por todo ello, desde AUGC consideran que el traslado de esta propuesta y su implementación es de carácter urgente. Más aún a la vista de asesinato de dos guardias civiles el pasado día 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate.
AUGC considera que el Ministerio del Interior tiene la ineludible obligación de dar respuesta a lo que le ha sido remitido por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y a lo que se recoge en el Plan Integral para luchar contra la delincuencia organizada en su ámbito de redes delictivas que trafican con diferentes tipos de droga en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la Provincia de Cádiz.
De esta respuesta depende la eficacia de la lucha contra el narcotráfico en Cádiz y Huelva y la vida de los guardias civiles que la encarnan día a día haciendo efectivo su compromiso con la seguridad de los ciudadanos.
