Este jueves recibía un WhatsApp que procedía de Twitter que decía: “El etarra que asesinó a mi compañero José Ansean en presencia de su mujer se presenta a estas elecciones. El hijo de José, de 14 años, pasó a estar bajo tratamiento psiquiátrico y el día después del juicio se suicidó”. José era un Policía Nacional, que mientras caminaba con su esposa lo asesinó el etarra Juan Ramón Rojo González, que el día 28 de este mes se presenta a las elecciones municipales por Irún (Guipúzcoa). Igualmente, Alejandro Ramos, comprobó con cinco años de edad como ETA asesinó a su padre, Antonio Ramos Ramírez, cabo primero de la Guardia Civil, cuando su madre estaba embarazada y su hermano nació después con un autismo severo, también ella estuvo en tratamiento psiquiátrico y acabó suicidándose. Tan sólo son dos ejemplos de la barbarie cometida por estos depredadores de seres humanos, por estos sanguinarios, por estos salvajes.

Mientras, Sánchez es recibido en Washington por Biden curiosamente en plena campaña electoral, 44 condenados por terrorismo, que no se han arrepentido, entre ellos 7 condenados por asesinatos, se presentan a las elecciones en el País Vasco y Navarra por EH BILDU, que sigue sin rechazar la violencia, con el beneplácito de Sánchez y su gobierno al que han sustentado desde hace cinco años como socios preferentes, olvidándose de los más de 853 asesinatos de ETA. Más aún, han acercado a más de doscientos presos de ETA a las cárceles del País Vasco y Navarra,  cediéndoles las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra, que supuso la salida de la Guardia Civil. Aún más, los bilduetarras fueron determinantes en la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la Ley de la Vivienda y en el desbloqueo de nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ahora con mayoría holgada de los “progresistas” encabezados por Cándido Conde Pumpido. Así, Sánchez ha bendecido y blanqueado a ETA y sus sucesores permitiéndoles presentarse en las listas electorales.

A tal respecto, debo recordar que el artículo 9.3.c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, señala: “Sobre los motivos para que un partido político sea declarado ilegal. c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, (….)”. En consecuencia, tanto la Fiscalía General del Estado como la Abogacía del Estado deberían emprender las acciones legales necesarias para que se excluyeran de las listas electorales a los terroristas con delitos de sangre, porque eso es lo que establece la referida Ley. Es intolerable que los criminales, asesinos, se puedan incluir en las listas electorales, siendo candidatos en los mismos pueblos donde cometieron sus acciones sanguinarias. En caso contrario, las víctimas de ETA y sus sucesores, pagarían así el sueldo público de los asesinos de sus propios familiares.

Si esto no fuera suficiente, nos acabamos de enterar que dos exmiembros de la banda terrorista ETA, ahora arrepentidos, han declarado ante la Guardia Civil y después ante la Audiencia Nacional que “El Comité Ejecutivo podría haber evitado el asesinato de Miguel Ángel Blanco”.

Aunque ya me recojo, todo ello con la complicidad  del Gobierno de Pedro Sánchez, que ahora pretende recular en plena campaña electoral, después de dar la callada por respuesta, pero como bien ha dicho Rafa Latorre, quien debería explicarse es el PSOE, que es quien traicionando su historia, ha incorporado a la izquierda abertzale a la dirección del Estado y con ella ha escrito una ley de memoria democrática. Precisamente, coaligándose con unos  enemigos de España.

Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado