Si ya no tuviéramos suficiente que, el genocida Putin nos trate de congelar en el próximo invierno, incluso amenazándonos con cortarnos definitivamente el gas ruso; el Presidente Macron, alardeando de nacionalismo, se niega al MidCat, gaseoducto que uniría España con Europa a través de Francia; la Vicepresidenta Díaz nos diga que hay que topar el precio de los productos básicos de la cesta de la compra, es decir la “sovietización de la economía de mercado”, puro agitprop, sin aludir a la bajada de impuestos de un Gobierno que recauda 25.000 millones de euros más que el año pasado; y la exministra de Zapatero, María Antonia Trujillo, famosa por sus zapatillas y soluciones habitacionales, diga que Ceuta y Melilla son marroquíes, lo que denota una supina ignorancia histórica o una burda manipulación, que supone una afrenta a la unidad territorial de España.
Ahora, vuelve a la actualidad el cambio de cromos en la justicia. Como he dicho hace años, la independencia del poder judicial es más que trascendente en un Estado de Derecho, en una democracia auténtica. La independencia judicial sin ningún tipo de patrocinio por parte de los partidos políticos es desde hace tiempo una entelequia, ya que nunca han tenido la intención de dejar de mangonearla al servicio de sus intereses, produciendo un daño a la imagen de la justicia, al afectar a la imparcialidad e independencia que todo juzgador debe poseer. La independencia de los jueces es el pilar del poder judicial.
A tal respecto, Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia con el PP, dijo “Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos”. Se quedó en un anuncio, una promesa incumplida, a pesar de que el Consejo de Europa, que representa a 47 países, ha dicho en varias ocasiones que España está a la cola de la Unión Europea en independencia judicial, en concreto el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha solicitado repetidamente que, al menos, la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos directamente por sus compañeros de todos los niveles del poder judicial y respetando el pluralismo dentro del mismo.
Pero, para comenzar a despolitizar la Justicia en España, habría que alcanzar un gran Pacto de Estado con el fin de realizar una profunda reforma legal, incluida la CE, que permitiera en principio que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, fueran elegidos de forma directa por sus propios compañeros, los jueces, con los requisitos necesarios para preservar su cualificación profesional y con las debidas garantías para salvaguardar su independencia e imparcialidad. Cambiar el sistema de elección sería un primer paso para lograr una auténtica independencia judicial, evitando las cuotas políticas.
Pues bien, la finalidad del apaño judicial del gobierno sanchista es el nombramiento por el CGPJ de los dos magistrados del Tribunal Constitucional para hacerse con su control y así poder evitar declaraciones de inconstitucionalidad como las dictadas en los anteriores Estados de Alarma. Como ha dicho, Jorge Bustos “En España, sin ir más lejos, hay magistrados que se prestan a ejercer de correa de transmisión de los partidos políticos con tal de medrar en su carrera o de abrillantar su carné de militante encubierto, pero hay también señorías dispuestas a mandar a hacer puñetas a los primeros con tal de honrar la toga que los viste”.
Aunque se le supone a la judicatura tener un poder de resistencia a las injerencias del Gobierno, vivimos un proceso acelerado de putrefacción y a casi nadie parece importarle.
El objetivo de la maniobra prevista para este jueves es que el Poder Judicial cabecee impotentemente manso, inerme frente a las embestidas de una mutación sistémica. De concretarse el TC terminará siendo una pura cáscara vacía, como ha dicho Julio Valdeón. No hay más alternativa que morir erguidos, en plena batalla por las libertades contra los enemigos de la moderna nación de ciudadanos. Morir con las botas puestas para defender el Estado de Derecho con su separación de poderes, dado que no habrá libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad de gobernar.
Ya lo decía Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Ese debe ser el contrapeso en una sociedad democrática con separación de poderes, donde impere la auténtica justicia, un poder judicial independiente, que posibilite la vida y la libertad de los ciudadanos, no sólo más allá de toda duda razonable, sino más allá toda duda posible. Seremos testigos del resultado de este cambalache.
