La nueva ley de coordinación de policías locales impulsada por el Gobierno de Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, llega precedida de una gran polémica que para nada ha contentado a los sindicatos policiales.
Una de las nuevas medidas estrellas, y a su vez más discutidas, obliga a los aspirantes a completar siete meses de instrucción en la Academia como requisito previo para presentarse a los exámenes de oposición, debiéndose sufragar ellos mismos tal formación. Lo que viene siendo empezar la casa por el tejado.
Con esta medida se limita incomprensiblemente las posibilidades del grueso se opositores que pretenden aspirar a una plaza como Policía Local en dicha comunidad. Asimismo, también ha sido muy criticado que personas que, aún no han pasado las oposiciones, reciban formación policial.
Otra novedad en la nueva ley es la rebaja en dos centímetros la estatura mínima exigidas exclusivamente para las mujeres, permaneciendo intacta la de los hombres, sin ningún tipo de criterio médico que justifique tal corrección. Se aluden más bien a “criterios ocultos” los que se puedan encontrar bajo esta decisión.
Por otro lado, si nada lo remedia, unos 1.500 interinos podrían perder sus puestos de trabajo a final de este año.
