La Policía Nacional desmantela un centro ilegal que distribuía contenidos audiovisuales a través de las redes sociales
El detenido utilizaba su domicilio particular ubicado en Madrid para, de forma fraudulenta, facilitar el acceso a contenidos de televisión no autorizados. Para ello empleaba grupos cerrados de Facebook y WhatsApp que él mismo administraba y gestionaba, ofreciendo suscripciones mensuales o anuales que permitían el acceso ilegal a 1.490 canales de televisión y otros contenidos audiovisuales, como películas y series.
La investigación se inició gracias a una denuncia interpuesta en el mes de julio del año pasado. En la denuncia se daba cuenta de la existencia de un grupo cerrado en una red social, con más de 2.600 usuarios, desde donde se ofertaba, comercializaba y asesoraba a sus suscriptores sobre sistemas ilegales de acceso a servicios audiovisuales que posibilitaban la comunicación pública no autorizada de obras, grabaciones audiovisuales y más de mil canales de televisión de diferentes plataformas de pago.
Ganaba entre 25 y 35 euros por cada servicio que cerraba
Los beneficios totales ascendian a 50.000 euros
El denunciado llevaba a cabo esta actividad sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, cobrando una contraprestación económica predeterminada y periódica que variaba según el plazo contratado y la modalidad de acceso a los contenidos ilegales.
Tras analizar todos los datos recopilados, los agentes procedieron a la detención del responsable de los hechos y al registro de su domicilio, donde hallaron los efectos relacionados con la distribución del delito contra la propiedad intelectual.
Además, en los equipos informáticos del detenido se hallaron paneles de control para la administración y distribución ilegal de los contenidos audiovisuales y de televisión (Dashboard). Los agentes comprobaron que más de 800 usuarios estaban conectados “en directo” a los servicios fraudulentos.
Los agentes han podido constatar que el detenido habría ingresado más de 50.000 euros derivados de esta actividad ilícita.
