Se le acusa de haber cometido en su país de origen los presuntos delitos de corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, desfalco y delitos de alta tecnología
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un fugitivo al que le constaba una Reclamación Internacional interpuesta por las autoridades dominicanas por los presuntos delitos de corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, desfalco y delitos de alta tecnología. El detenido era considerado uno de los objetivos más importantes para las autoridades policiales dominicanas.
Vivía en una conocida calle de la capital madrileña
Fue en el mes de julio cuando se tuvo conocimiento de la notificación roja de INTERPOL, emitida por las autoridades de la República Dominicana, iniciándose en esos momentos las investigaciones pertinentes para dar con su paradero y proceder a su detención y puesta a disposición judicial. Para ello, se realizaron gestiones que tenían como objetivo ubicar su posible entorno social y familiar y, de esta manera, comprobar si el fugitivo residía en España. Estas investigaciones revelaron que vivía junto a su familia en una conocida calle de Madrid, por lo que se estableció un dispositivo policial en torno a su domicilio para proceder a su localización y detención.
El fugitivo era buscado por los presuntos hechos producidos en la capital de la República Dominicana junto a otras personas, que consistía en defraudar al Estado Dominicano mediante distintas maniobras tendentes a la sustracción de fondos provenientes de la Procuraduría General de la República, todo ello en beneficio propio y de terceros, así como la utilización de acciones para encubrir sus actuaciones ilícitas.
Las autoridades dominicanas definieron los hechos como corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el estado dominicano, desfalco y delitos de alta tecnología. Por todo ello tiene una pena máxima aplicable de 30 años.
Actualmente, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa de la República Dominicana le imputa el hecho de sacar provecho económico del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. Concretamente, se le acusa de prevalerse de su posición para beneficiar, por medio de una empresa, a un socio mediante órdenes de compra de millones de pesos dominicanos. El Ministerio Público le acusa de tener incidencia directa respecto al manejo irregular para la elección de las empresas que ganaban licitaciones.
