Los dos principales investigados son socios-administradores de una mercantil española que está construyendo un centro comercial de lujo en la isla de Tenerife.
Se servían de ingeniería fiscal-contable, empresas pantalla, despachos de fiducia y fondos de inversión extranjeros, financiándose con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife con paraísos fiscales y territorios de nula tributación.
Se han registrado los domicilios de los investigados y dos empresas mercantiles en Tenerife, interviniéndose numerosa documentación de tipo económico, dinero en efectivo y dispositivos de telefonía e informática.
La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el marco de la operación “Isla Sorna” desarrollada en Tenerife ha detenido a cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían eludido sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Hacienda Pública española.
Se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad. Estas personas se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros, empresas pantalla y despachos de fiducia para financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria.
La presente investigación se inició a principios del año 2018 cuando la Guardia Civil detectó que una empresa española se había estado financiando previamente a través de préstamos privados sin elevar a público otorgados por ciudadanos de origen ruso. Previamente, unos meses antes esta empresa había comprado los terrenos de una antigua sala de fiestas ubicada en Tenerife con el fin de reconvertirlos en un centro comercial de lujo.
Utilización de paraísos fiscales y territorios de nula tributación
El desarrollo conjunto de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) permitió conocer que esta empresa española, para iniciar su proyecto de reconversión, tuvo que recurrir a fondos de inversión y sociedades extranjeras, de capital ruso y peculio de dudosa procedencia con el fin de obtener la financiación necesaria. Para ello recurrieron a fuentes de financiación a través de sociedades nacionalizadas en Australia, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, lugar este último en donde una de las sociedades prestamistas se encontraba vinculada a un despacho de fiducia, asociado a multitud de sociedades pantalla de tipo “vehicular”.
A través del empleo de dichas sociedades pantalla habrían logrado préstamos hipotecarios por importes superiores a los 23 millones de euros, algunos de ellos con intereses de hasta el 25 %.
A su vez, el análisis económico efectuado hasta la fecha ha podido determinar la utilización de un circuito para la introducción de fondos en España, concretamente en Tenerife, compatible con las fases del blanqueo de capitales atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Gracias a la práctica de un sistema de “ingeniería fiscal” conseguían devenir posteriormente estas operativas, con el objetivo de evitar en última instancia el pago de impuestos a la administración tributaria.
Con esta investigación, de carácter económico-financiero y fiscal, se ha conseguido esclarecer un entramado empresarial que durante años habría eludido toda responsabilidad fiscal y tributaria en perjuicio de la Hacienda Pública
Fase de explotación de la operación Isla Sorna
En total se han practicado seis registros, cuatro de ellos en domicilios de los investigados y dos en empresas mercantiles de Tenerife, interviniéndose numerosa documentación de tipo económico (contabilidad y facturación principalmente), dinero en efectivo, así como dispositivos de telefonía, informática y electrónica.
Además, por parte del Juzgado que dirige la investigación se acordó la anotación preventiva de bloqueo y disposición de bienes muebles e inmuebles, por importe total aproximado de 45 millones de euros, para garantizar las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias.
La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), habiendo sido dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Arona en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife.
En la fase de investigación se ha contado con el apoyo y colaboración de la Jefatura de Información: Unidad Central Especial n°3 (UCE3), Subgrupo de Investigación Económica (SIE) y Área Técnica. Además, han participado en esta fase de explotación la Unidad de Seguridad Ciudadana Comandancia (USECIC), el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, la Sección de Información de la Zona de Canarias, el SEPRONA de Playa de las Américas y Seguridad Ciudadana de Playa de las Américas y Santa Cruz de Tenerife. También se ha contado con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
