Se ha detenido e investigado a 12 personas y se ha podido contabilizar que el desguace, en cinco años, operó con más de 5.000 vehículos, realizando una mínima recuperación de fluidos de los aires acondicionados, gases que afectan al calentamiento global
Esta actividad transfronteriza fue detectada por especialistas fiscales de la Guardia Civil en el Puerto de Santander
El desguace estaba ubicado en localidad de Villagarcía de Arousa (Pontevedra)
La Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en la denominada operación “Dashboard”, ha detenido e investigado a 12 personas por estar relacionadas con la gestión y manejo de residuos de un desguace de la localidad de Villagarcía de Arousa (Pontevedra), que carecía de los permisos necesarios.
Se han practicado seis registros en domicilios, desguace y nave, donde se ha encontrado numerosa documentación relacionada con la operación, la cual está siendo analizada.
La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó en el Puerto de Santander (Cantabria) la llegada de camiones con vehículos procedentes del Reino Unido y con destino a un desguace de Villagarcía de Arousa. Estos desembarcos también se realizaban en otros puertos de España y en el Euro-Túnel de Calais (Francia). Las actuaciones llevadas a cabo determinaron que desde el inicio del Brexit han llegado a España con destino ese desguace un total de 424 vehículos (más de 600.000 kilos de chatarra).
Por tal motivo, la Guardia Civil estableció contactos con la Unidad de Tráficos Ilícitos, Salud y Medioambiente de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
Residuos peligrosos
Fruto de ello, se pudo comprobar que, en cinco años, el desguace había recibido más de 5.000 vehículos, tanto de procedencia extranjera como nacional, realizando una mínima recuperación de los fluidos de los aires acondicionados, tratándose de residuos peligrosos que deben ser obligatoriamente recuperados y entregados a un gestor autorizado.
El Seprona pudo comprobar en el propio desguace la existencia de vehículos con el certificado de destrucción y descontaminación, no habiendo sido descontaminados en su totalidad y permaneciendo con diferentes residuos como aceites, líquidos de frenos, fluidos de aire acondicionado, etc.
Estos fluidos (tetrafluoroetanos) al contacto con el aire se volatilizan con una capacidad de permanencia en la atmosfera de 14 años, lo que unido a sus características hacen que este tipo de gas forme parte de los que generan la problemática del calentamiento global. Además, se consideran un perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales, y a través de este, para la salud de las personas.
Nave agrícola con más de 4.000 neumáticos usados
Parte de los componentes de los vehículos gestionados por el desguace eran tramitados mediante venta online, incluso procedentes de una nave agrícola donde se localizaron más de 4.000 neumáticos usados, cuyo origen se supone que era del desguace investigado.
El propietario de dicha nave no contaba con autorización para el almacenamiento y venta de los neumáticos, lo que unido a que la propiedad se encuentra en un entorno forestal, se considera un riesgo como consecuencia del gran volumen de neumáticos almacenados.
La fase de explotación de la operación, desarrollada la semana pasada en las provincias de Pontevedra y León, se saldó con siete detenidos y cinco investigados a los que se les imputan los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad de los certificados de destrucción y descontaminación de vehículos, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y pertenencia a grupo criminal.
Los vehículos destinados a desguace procedentes del Reino Unido deben contar con las comunicaciones y autorizaciones pertinentes de las autoridades medioambientales de España para poder llevar a cabo los traslados transfronterizos de residuos, careciendo en este caso de tales autorizaciones.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Villagarcía de Arousa, e impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra. Durante la explotación de la operación se contó con el apoyo de efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra y León.