Ha sido arrestada una persona en Vitoria (Álava) que, presuntamente, habría obtenido una ganancia anual ilícita de unos 40.000 euros.
La modalidad utilizada era IPTV, en la que los usuarios acceden al contenido de forma ilícita a través de Internet.
Durante el registro domiciliario en la capital vasca los agentes localizaron un panel IPTV que gestionaba el investigado, una tablet, un teléfono móvil y distintas cuentas bancarias online.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un sistema de difusión ilícita de señal televisiva de pago que, presuntamente, suministraba contenido a través de Internet a más de 500 personas.
Se ha arrestado a una persona en Vitoria (Álava) que, según los investigadores, habría obtenido una ganancia anual ilícita de unos 40.000 euros. La modalidad utilizada era IPTV, en la que los usuarios acceden al contenido de forma ilícita a través de Internet.
Durante el registro domiciliario en la capital vasca los agentes localizaron un panel IPTV que gestionaba el investigado, una tablet, un teléfono móvil y distintas cuentas bancarias online.
Un canal con más de 3.000 usuarios
La investigación se inició a principios del año 2020 cuando los agentes recibieron una denuncia en la que se ponía en conocimiento la comercialización ilícita de ese tipo de contenidos a través de un dominio. La finalidad de éste era publicitar múltiples canales en diferentes redes sociales, a través de los cuales se realizaba la comercialización ilícita de estos contenidos. Uno de los canales localizado por el denunciante contaba con más de 3.000 usuarios suscritos a una aplicación de mensajería instantánea. A través de este canal, además de publicitar los servicios ilícitos de IPTV, se solucionaban problemas técnicos y otras incidencias de los usuarios del servicio.
Tras analizar este canal de mensajería, los agentes observaron que se ofrecía la posibilidad de abonarse a los canales del televisión que ofrecían, cuyo precio variaba en función de la duración del paquete contratado y del número de dispositivos en los que se fuera a reproducir el contenido. Una de las medidas de seguridad que utilizó el vendedor de IPTV, habitual en este tipo de ilícitos, fue la de cambiar el nombre del canal con el objetivo de dificultar su localización y escapar así de la acción de la justicia.
Con toda la información recabada, los investigadores centraron las pesquisas en averiguar quién se encontraba detrás del servicio denunciado y averiguar si tenía montada una estructura para la distribución de televisión.
Se trataba de un reseller
Normalmente, una estructura típica de difusión de señal ilícita mediante IPTV está compuesta por un proveedor de contenidos, que es la persona fundamental que facilita la señal de televisión con los canales que se ofrecen; los revendedores o resellers, que son los encargados de comprar esa señal al proveedor y revendérsela posteriormente a los usuarios finales por un precio algo más elevado; y los usuarios finales, que son los clientes que contactan con los revendedores. En este caso los agentes determinaron que la persona que se estaba investigando era un reseller que contaba con gran cantidad de clientes.
Finalmente, y tras localizar a esta persona, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro en su domicilio ubicado en Vitoria (Álava), donde localizaron el panel que utilizaba el investigado para gestionar sus clientes, además de una tablet y el teléfono móvil del detenido que utilizaba para gestionar el ilícito servicio. También se localizaron e intervinieron las cuentas de cobro que utilizaba para recibir los pagos por sus servicios. Tras analizar los dispositivos electrónicos encontrados, los investigadores localizaron a la persona que actuaba como su proveedor de contenidos.
En total, una vez analizado el panel que gestionaba el investigado, se descubrió que había más de 500 usuarios beneficiándose de los servicios de IPTV que ofrecía; teniendo en cuenta los precios que pagaban por acceder a estos servicios se estima que la ganancia anual obtenida por el mismo era cercana a los 40.000 euros. Por su parte, la empresa denunciante también había estimado sus pérdidas anuales en una cifra superior al millón y medio de euros.
