Sus actividades delictivas iban desde robos en viviendas habitadas, apropiaciones indebidas, estafas y fraudes de todo tipo, hasta delitos cometidos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
También propiciaban la contratación de personas vulnerables al objeto de obtener ayudas y subvenciones públicas a las que despedían una vez obtenidas éstas
La operación se ha saldado con la detención de 18 personas decretándose el ingreso en prisión de 6 miembros de la cúpula delictiva
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal integrada por 18 miembros dedicados al robo de vehículos de alta gama, robo en viviendas habitadas, apropiaciones indebidas, estafas y fraudes mediante simulaciones de delito, falsedades documentales y blanqueo de capitales. La envergadura de la actividad delictiva de esta organización abarcaba también delitos cometidos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en diversas provincias de la geografía nacional.
La apertura y rescate de empresas ficticias y fallidas respectivamente, servían de instrumento y pantalla para facilitar las actividades delictivas y dar cobertura a los distintos modus operandi detectados.
Operación GAMA
La investigación se inició a mediados del mes de septiembre del 2020 derivada de sendos robos en el interior de viviendas ocurridos en las localidades de Vinaròs y Peñíscola donde se sustrajeron, además de dinero en efectivo, dos vehículos de alta gama.
A partir de ahí, la Guardia Civil pudo descubrir el modus operandi de una compleja organización delictiva, que se servía de delitos de las más diversas tipificaciones para llevar a cabo su actividad.
Modus Operandi
Entre los ilícitos penales destacaban los robos en el interior de viviendas, simulaciones de delito, fraudes a las compañías de seguro y estafas a grandes empresas del sector renting, a las que arrendaban vehículos de gama premium que una vez alquilados, eran trasladados fuera del país y colocados para su venta en el mercado de segunda mano europeo o en terceros países. Con el beneficio de los ilícitos y aprovechando los viajes de regreso, adquirían en el mercado de importación paralela turismos de alta gama, cabezas tractoras y semirremolques que importaban a España para su colocación y venta, consiguiendo de este modo blanquear los altos beneficios procedentes de su actividad delictiva.
Parte de los vehículos sustraídos eran a su vez objeto de despiece selectivo en naves del norte de la provincia de Castellón, obteniéndose grandes beneficios de su venta en los mercados de repuestos de segunda mano gracias a su red de contactos y a los conocimientos mecánicos de parte de los miembros de la organización.
Con las empresas pantalla que iban creando, simulaban solvencia patrimonial bajo la emisión de facturas falsas a terceras empresas colaboradoras. La Guardia Civil pudo constatar que más de 300.000 euros fueron derivados a las cuentas de los investigados, que extraían el dinero en diferentes cajeros automáticos de entidades bancarias para luego retornarlo a las empresas colaboradoras (fraude de IVA). La manipulación de pagarés de diferentes empresas favorecía la obtención de liquidez por parte de financieras y bancos por actividades comerciales que en realidad no se realizaban, intentando estafar a bancos y financieras más de 800.000 euros en pagarés manipulados.
Por otro lado, también obtenían beneficios simulando contratos laborales falsos a inmigrantes que se encontraban de forma ilegal en España, quienes pagaban entre 4.000 y 5.000 euros a la organización para conseguir regularizar su situación. También propiciaban en el ámbito de la inserción laboral la contratación de personas vulnerables al objeto de obtener ayudas y subvenciones públicas, a las que despedían una vez obtenidas éstas.
Explotación de la operación
Después de múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia, monitorización discreta y seguimiento policial del entramado delictivo, la Guardia Civil obtuvo pruebas evidentes de la estructura, coordinación y ramificaciones territoriales que abarcaban los numerosos hechos delictivos llevados a cabo tanto en la provincia de Castellón como en otras provincias.
Así, los pasados días 23 y 24 de marzo se procedió a la explotación de la operación de forma simultánea en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Albacete. Se llevaron a cabo 13 registros con mandamiento judicial en viviendas, talleres, gestorías y naves, con el resultado de 18 personas detenidas y la aprehensión de 14 vehículos de alta gama valorados en más de 500.000 euros, 3 cabezas tractoras por valor de 120.000 euros, 45.000 euros en metálico, gran cantidad de piezas de vehículos sustraídos en diferentes países de Europa (Suiza, Francia, etc.) y numerosa documentación que está siendo analizada.
Entre los detenidos figuran varios empresarios que desde la cúspide de la organización eran asesorados por personal de dos gestorías y un abogado también detenidos, y varias personas que se encargaban de los viajes al extranjero, de coordinar las operaciones, y de las tareas de ejecución de los hechos delictivos.
También se han expedido 14 señalamientos con el correspondiente requerimiento a las autoridades de Europol en Francia, Alemania y Rumania para la incautación de vehículos de alta gama sustraídos en España valorados en más de 550.000 euros. Por otro lado, se han bloqueado 108 cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas investigadas.
La operación ha sido llevada a cabo por unidades orgánicas de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Castellón, unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Castellón y Albacete, patrullas de seguridad ciudadana de Castellón, Valencia y Albacete, GRS de Valencia y Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y Servicio Cinológico de Castellón.
La investigación ha sido coordinada e impulsada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, quién ordenó el ingreso en prisión de 6 de los cabecillas, quedando en libertad con cargos el resto de las personas implicadas en los hechos.
