Instruían a sus víctimas para ocultarse ante inspecciones de trabajo.
La organización, asentada en León y en las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, explotaba a las víctimas prevaliéndose de su situación de necesidad.
Han sido detenidas diez personas por conseguir autorizaciones de residencia temporal por medios ilícitos y con ánimo de lucro, y otras cinco han resultado investigadas.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración ilegal, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social.
La organización explotaba a sus víctimas valiéndose de su situación de necesidad, y estaba asentaba en León y en las provincias limítrofes de Palencia, Valladolid y Zamora. Fruto de la investigación han sido detenidas 10 personas, quienes conseguían autorización de residencia por circunstancias excepcionales con motivo de arraigo social, por medios ilícitos y con ánimo de lucro. Otras cinco personas han resultado investigadas.
Una organización delictiva muy estructurada
El líder de la organización gestionaba el traslado de inmigrantes irregulares en patera, mayores y menores de edad, desde playas de Marruecos hasta Algeciras y Cádiz. En estas ubicaciones, otros miembros de la organización los iban a buscar y viajaban hacia otras provincias por carretera, en coche o en autobús, y ofertaban “paquetes” de traslado con entrada en España desde su país de origen.
Una vez en España se tramitaba la situación administrativa de los inmigrantes, de origen marroquí, de forma ilegal. El jefe de la organización disponía el traslado hasta la provincia de León, donde tenía una red de pisos en las localidades de Mansilla de las Mulas, Valdepolo, Campo de Villavidel y pueblos aledaños, en los que alojaba a las víctimas. Finalmente eran empadronadas en una de las viviendas controladas, por él mismo o por sus colaboradores, trámite que se realizaba de forma fraudulenta y por el que cobraban a las víctimas entre 150 y 300 euros.
El líder actuaba como intermediario entre la víctima y el empresario, gestionando los trámites del contrato y la presentación de documentación en la Oficina de Extranjería. El entramado criminal se valía de sus familiares para acudir en calidad de testigos y acreditar el arraigo social.
Las víctimas estaban hacinadas en pisos sin agua ni calefacción
A cada víctima de explotación se le exigían cantidades que iban de 3.000 a 10.000 euros por trámites consistentes en obtener los requisitos necesarios a fin de regularizar su situación administrativa en España. El cabecilla de la organización criminal intervenía directamente a fin de que los inmigrantes tuvieran los documentos de solicitud de autorización de residencia por arraigo social. Mientras, vivían hacinados en pisos que carecían de las mínimas condiciones de habitabilidad, tales como agua y calefacción.
Las víctimas a menudo comenzaban a trabajar antes de concederles la autorización de residencia en explotaciones ganaderas. Recibían un sueldo bajo y en ocasiones trabajaban a cambio de comida o incluso sin remuneración durante largas jornadas, habitualmente sin descanso ningún día de la semana y sin derechos. No se daba de alta a las víctimas en la Seguridad Social, dado que trabajaban sin autorización, y eran instruidas acerca de cómo y dónde esconderse en caso de una inspección laboral. Si no seguían estas órdenes para evitar ser vistos, eran agredidos físicamente siendo lesionados con sopletes en el rostro o con cuchillos en la espalda.
Una operación policial realizada en dos fases
La primera ha culminado con diez detenidos por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social: siete en León y tres en Palencia, Murcia y Valladolid. También se han realizado dos entradas y registros en la provincia de León, interviniendo 2.000 euros, documentación y material informático. La segunda fase ha concluido con cinco investigados no detenidos por delito de fraude a la Seguridad Social y lesiones.
