La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y falsedad documental. La operación que ha durado varios meses se ha llevado a cabo por casi 30 de agentes adscritos al Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Unidad de Prevención y Reacción de Sevilla.
Inicio de las investigaciones
Las investigaciones se remontan al pasado mes de junio. La policía detectó a un hombre de nacionalidad nicaragüense que operaba en las inmediaciones de un bar situado en la barriada de la Macarena captando a extranjeros para ofrecerles trabajo como jornaleros en la recolección de productos agrícolas en diferentes fincas de la provincia de Sevilla desde el mes de abril al mes de junio. Las jornadas a realizar eran de más de 12 horas sin descanso alguno y con un salario que dependía de la productividad, oscilando entre 30 y 40 euros diarios.
Las distintas diligencias policiales llevaron a los agentes hasta otra persona de origen rumano que se encargaba de negociar los contratos de recolección con los dueños de las fincas. Los jornaleros no eran dados de alta en la Seguridad Social ya que carecían del permiso de residencia y de trabajo en España. Dicha persona proporcionaba verbalmente a los trabajadores un número de NIE de otra persona para que se identificaran ante los propietarios cuando iban a trabajar.
Detención y puesta a disposición
Tras meses de investigación la policía consiguió identificar a nueve personas que formaban parte de una organización criminal las cuales tenían un claro reparto de tareas dentro de la misma, que consistían en la captación, el transporte y el control y vigilancia de los trabajadores.
El pasado día 1 de diciembre se estableció un dispositivo en una finca situada en la localidad de Córdoba en la cual se tenía conocimiento que estaban trabajando los investigados.
En la inspección de la misma se hallaron a 23 personas de nacionalidad sudamericana trabajando y se intervinieron más de cuatro mil euros en efectivo y diversa documentación. También se procedió a la detención de siete personas por delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, pertenencia a Organización Criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Todos ellos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.
