La prisión de Palma sufre una grave escasez de personal facultativo, contando tan sólo con un médico en plantilla cuando la relación de puestos de trabajo del centro establece en nueve el número de profesionales que deberían trabajar en la prisión

La falta de médicos en la prisión obliga a disponer de patrullas de Policía Nacional para el traslado de presos al Hospital y su custodia en el mismo, detrayendo agentes de las calles de Palma

El sindicato CSIF, sindicato más representativo en el ámbito de las administraciones públicas, y el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, han expresado su malestar por la situación que se viene viviendo desde el año pasado en la prisión de Palma.

Desde ambos sindicatos denuncian la situación en la que se encuentran los servicios médicos en el Centro Penitenciario de Palma. Actualmente, la prisión de Palma sufre una grave escasez de personal facultativo, contando tan sólo con un médico en plantilla cuando la relación de puestos de trabajo del centro establece en nueve el número de profesionales que deberían trabajar en la prisión. Un hecho que se viene manteniendo desde julio de 2022.

Una situación que se ha agravado en varias ocasiones, por la ausencia del médico que presta servicio en la prisión, por motivos médicos y/o disfrute de las vacaciones, como ya ocurriera la pasada Semana Santa y nuevamente se ha producido este mes de agosto.

La ausencia del personal facultativo en la prisión obliga a derivar cualquier incidencia médica a hospitales ajenos a Instituciones Penitenciarias con el enorme gasto y riesgo que eso supone, implicando para esos traslados a diversas patrullas de la Policía Nacional y detrayendo de las calles de Palma a estos agentes para llevar a cabo el traslado y la custodia en el Hospital de Palma.

Desde el sindicato JUPOL, su secretario regional en Baleares, Chechu Enrique, asegura que “esta situación hace que se resten muchos indicativos policiales de las calles, mermando las funciones de seguridad ciudadana que lleva a cabo la Policía Nacional en la isla”. Una situación que indica “se agrava aún más en periodos estivales o vacacionales en los que la población de Palma se multiplica y hasta un tercio de la plantilla de la Policía Nacional en Palma se encuentra de vacaciones”.

Por su parte, desde CSIF se demanda que se afronte la situación de la sanidad penitenciaria dando solución inmediata a esta problemática y dotando al Centro Penitenciario de Palma de los recursos sanitarios suficientes para poder desarrollar nuestro trabajo en condiciones de salud y seguridad adecuadas tanto para los trabajadores como para los internos.

Vivienda en Baleares

Igualmente, ambas organizaciones sindicales han reiterado la necesidad de afrontar una solución al problema de acceso a la vivienda de los funcionarios públicos en Baleares, una cuestión que se viene repitiendo y agravando desde hace años y que genera una importante merma en el número de funcionarios públicos en Baleares ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible en las islas.

Ambos sindicatos se encuentran integrados en la Plataforma UNISEP, que desde hace años trata de buscar a una solución al problema de la vivienda en Baleares y desde la que se insta a la Administración a fijar una indemnización por residencia a los funcionarios públicos destinados en Baleares, acorde al nivel de vida en estas islas.

Chechu Enrique asevera que “el problema de la vivienda en Baleares provoca graves déficits en las plantillas de funcionarios públicos en esta comunidad autónoma. Los funcionarios no quieren venir a trabajar a Baleares, la mayoría vienen aquí obligados, nadie quiere este destino, pero también ha habido casos de funcionarios, con sus familias, que no han podido venir”.

Traspaso de competencias

Por otro lado, desde CSIF se insiste en la necesidad de llevar a cabo el traspaso de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Hay que recordar que la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ya establecía en el año 2003 un plazo de 18 meses para realizar el traspaso de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias y actualmente este proceso en Baleares no ha pasado de una fase muy preliminar.

Mientras tanto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hace dejación de funciones permitiendo el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria sin abordar seriamente el problema.