La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el nuevo ‘paso atrás’ dado por el Ministerio del Interior en cuanto al ejercicio de competencias de Policía Nacional y Guardia Civil en caso de atentado terrorista, tal y como se ha conocido tras la presentación del nuevo Plan de Prevención y Protección Antiterrorista esta semana.
En esa instrucción se relega a los dos Cuerpos de seguridad con mayores conocimientos y experiencia en el combate contra esta lacra a un papel secundario, al establecerse que las primeras actuaciones en caso de un ataque terrorista corresponderán, en el caso de País Vasco, Cataluña y Navarra, al cuerpo autonómico responsable de la seguridad ciudadana en esa demarcación.
Esta nueva cesión competencial se enfrenta, entre otras, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que la comisión de un atentado terrorista no constituye un episodio de alteración de la seguridad ciudadana sino, al contrario, la comisión flagrante de un delito que requiere la intervención de unidades especializadas de Policía Judicial, como lo son las de las estructuras de información de Policía Nacional y Guardia Civil, que actúan a las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional.
Además de esta injerencia normativa, la nueva Instrucción, según se ha anunciado públicamente, supone entregar a esas Comunidades Autónomas el control inicial de cualquier intervención ante un atentado, sin haber contado para ello con el criterio de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, como voces autorizadas en este tipo de delitos especializados y organismos cuyos miembros deben ser los que dirijan la intervención de los Cuerpos de seguridad ante un incidente de estas características.
Con lo que se ha conocido de esta iniciativa, se han sobrepasado claramente las funciones de coordinación en el ámbito de la seguridad pública y se cederá otro espacio competencial más que es crítico y que, insistimos, no tiene que ver con la seguridad ciudadana -prevención de la delincuencia, mantenimiento del orden público, protección y auxilio al ciudadano, etc.- sino con la comisión de infracciones penales ante las que prima su regulación específica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, además del Real Decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial.
Este sindicato quiere recordar, además, que la lucha contra el terrorismo tiene una innegable componente internacional que sólo pueden garantizar Cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, que mantiene canales exclusivos de cooperación con servicios homólogos de todo el mundo basados en la confianza, los años de trabajo conjunto y la normativa de distribución competencial de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que asigna a nuestras unidades especializadas las funciones de colaboración y auxilio con las Policías de otros países.
Por otra parte, y según lo anunciado por Interior esta semana, se crearán Centros de Gestión de Crisis Territorial de los que se dice que se mantendrán en vigor hasta la localización y detención de los autores, sin tener en cuenta que ese criterio puede implicar periodos de hasta meses y años y, además, sin determinar el papel que en esos nuevos órganos tendrán Policía Nacional y Guardia Civil y si, como podría concluirse por el espíritu de esta Instrucción, se entregará también el control de esos Centros a los Gobiernos autonómicos.
Desde CEP quieren hacer un llamamiento a Interior para que potencie y refuerce las capacidades de Policía Nacional en Cataluña, País Vasco y Navarra, con medidas que fomenten la estabilidad de los compañeros en esas plantillas -retributivas, sociales y de baremación- y que defiendan el papel que nos corresponde, sin cesiones innecesarias que, una vez se producen, condicionarán durante décadas el papel del Estado en esas Comunidades Autónomas.
Todo apunta a que este Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, será recurrido ante instancias judiciales por los principales partidos de la oposición al relegar y castigar nuevamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en prevalencia de intereses independentistas.
