En nota de prensa de La Asociación de la Guardia Civil JUCIL, junto con las plataformas Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, piden que el Gobierno catalán indemnice con 450 euros al trimestre a quienes se sientan afectados mientras se niegue a cumplir el fallo del TSJC
“El Gobierno de Cataluña mantiene su intención de no aceptar la decisión de los tribunales y eso provoca serios inconvenientes a los funcionarios que se trasladan desde otros lugares para conciliar su vida familiar y que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna”, señala la secretaria de JUCIL en Barcelona, Milagros Cívico
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, invita públicamente a todos los guardias civiles, a incluirse como perjudicados en el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que los tribunales obliguen al Gobierno autonómico de esta comunidad a cumplir su sentencia, en la que exige que al menos el 25% de las clases en los colegios y centros educativos de este territorio se desarrollen en castellano. JUCIL presentó el 28 de marzo pasado un recurso por vía telemática ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC para reclamar la imposición a las autoridades catalanas del cumplimiento de la sentencia declarada firme en enero, en la que se indica que se deben “adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales (castellano y catalán) en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”, precisa la sentencia aún incumplida.
Numerosos perjudicados
JUCIL, en coordinación con las plataformas cívicas Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, reclaman que el fallo, definitivamente firme, tenga consecuencias inmediatas para todos los ciudadanos que en Cataluña desean que sus hijos sean educados en castellano, al menos en un mínimo del 25% de las clases. “Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la Administración autónoma no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia”, afirma la secretaria general de JUCIL en Barcelona, Milagros Cívico.
“Por este motivo, y para expresar la existencia real de perjudicados, es por lo que invitamos a todos los guardias civiles, policías nacionales y otros funcionarios que hayan sido desplazados desde otros lugares de España a Cataluña, que se inscriban como perjudicados por este incumplimiento que les impide y coarta gravemente su derecho a la conciliación familiar, ya que el traslado de sus familias se hace complicado por no encontrar aquí colegios en los que puedan seguir educando a sus hijos en su lengua materna, un derecho que les reconoce la Constitución y que en Cataluña pisotean las autoridades autonómicas” ha añadido Milagros Cívico.
Las tres organizaciones han suscrito hoy el empoderamiento ‘apud acta’ que prescribe el nombramiento un procurador ante el órgano judicial para la continuación del procedimiento iniciado el 28 de marzo con el recurso para demandar el cumplimiento de la sentencia declarada firme.
“No es una inmersión, es un intento de ahogamiento”
Cívico ha precisado que ni JUCIL ni las plataformas Hablemos Español o Convivencia Cívica Catalana “representan animadversión hacia el idioma catalán, ni hacia quienes se expresan en él, pero frente a quienes nos acusan que querer acabar con la supuesta inmersión en catalán debemos indicar que tal y como se plantea no es una inmersión, es más bien un intento de ahogamiento de los castellanoparlantes, que ven cómo la administración catalana, que supuestamente debería defender sus derechos, los desconoce y niega” ha continuado la representante de la asociación profesional de guardias civiles. “Si sólo nos afectara a nosotros, a los guardias civiles, a los policías o a los funcionarios, quizá no sería tan importante. Pero afecta, y de una manera grave, a la conciliación de nuestras familias, a nuestros hijos que ven discriminados y vejados derechos que les otorga la Constitución, el ordenamiento jurídico y ahora, también el máximo tribunal de Justicia de Cataluña” ha concluido Milagros Cívico.
“Estamos legitimados y por eso seguimos adelante”
“Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocido, al amparo de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica de Igualdad, el derecho a la conciliación de la Vida Laboral y Familiar y por tanto, a educar a sus hijos en el lugar de destino, por lo que se trata de un derecho que puede ser defendido por JUCIL” ha recordado por último Cívico. “Tenemos un interés directo en que se ejecute la sentencia, teniendo un derecho reconocido a que los hijos de cualquier guardia civil o policía nacional, o cualquier otro funcionario destinado en Cataluña estudien también en castellano y en cualquier centro o municipio donde estén destinados para evitar que se lesionen sus derechos de conciliación familiar” ha finalizado la representante de la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.
Valoración Hablamos Español
Alejandro Navarro, portavoz de Hablamos Español en Cataluña ha señalado que “confiamos que las personas que rechazan la imposición lingüística valorarán el compromiso de estos Guardias Civiles”. Navarro atestigua que “cuando les propusimos llevar a cabo esta acción, no lo dudaron. Gracias a ello podemos conseguir que las familias a quienes JUCIL representa tengan al menos alguna asignatura en español en el colegio, pero, además, se lograría para todo el sistema educativo; estarían ayudando a todos los demás niños y jóvenes que hasta ahora han sido privados de estudiar en su lengua materna. Una vez más la Guardia Civil hace un valioso servicio público”.
Valoración Convivencia Cívica
Según Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana y abogado “entendemos que JUCIL está legitimada con claridad para exigir el cumplimiento de la sentencia del 25 por ciento, ya que no se puede permitir que es evidente que tienen derecho a que sus hijos se escolaricen en Cataluña de acuerdo con la legalidad; de hecho, debería ser el Ministerio del Interior y no nosotros quien tendría que haber impulsado esta demanda “.
Incentivos para la Generalitat
Por estos motivos se solicita “que se condene a la administración a abonar a cualquier miembro de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que lo reclame 450 euros, o la cantidad que el tribunal estime conveniente, por cada trimestre en que no se aplique en la clase de sus hijos el fallo contenido en la sentencia dictada”, según recoge el texto del recurso, que propone además la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros educativos que, como han señalado algunos de ellos en declaraciones públicas, se nieguen a la aplicación de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
