El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid una querella contra la abogada del rapero Pablo Hasel en la que se pide la investigación de las declaraciones de la letrada en medios de comunicación social por un delitos de injurias y calumnias, en relación con los artículos 205, 208 y/o 504.2 del Código Penal.
Una querella interpuesta en relación con las afirmaciones realizadas por la representante legal del rapero encarcelado que, a juicio del SUP, no es una “crítica al funcionamiento de las instituciones hecha dentro de los límites de los derechos de libertad de expresión, opinión o información” sino una “difamación general y gratuita de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el ánimo de dañar la imagen, prestigio y honradez de los miembros que las integra”.
La denuncia recuerda que la abogada habría proferido expresiones que pudieran tener la consideración penal de expresiones calumniosas e injuriosas, al hablar de “las torturas que se cometen día sí y día también en los cuarteles de la Guardia Civil y en todos los Cuerpos de Seguridad del Estado” y afirmar que España ha sido condenada por las torturas cometidas por, entre otros, la Policía Nacional. Estas afirmaciones no solo son falsas sino que han generado alarma social y se han constituido en el caldo de cultivo de manifestaciones violentas en la vía pública.
El documento del SUP presentado en el juzgado de instrucción de guardia recuerda que “aunque la denunciada, señora Matamoros, recibiera esa información sobre el maltrato policial en el ejercicio del derecho de defensa, ello no es óbice para considerar que, desde el momento en que la denunciada decide realizar tales manifestaciones públicas, ella misma se sitúa extramuros del amparo constitucional” por lo que no puede quedar en la impunidad. En primer lugar, porque si eso fuese cierto el Ministerio Fiscal debería investigar para depurar las responsabilidades a que haya lugar en el ámbito institucional; y en segundo lugar, porque de confirmarse que se trata de manifestaciones vertidas públicamente con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, y/o lesionan gravemente la dignidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, debería recibir el paliativo penal del ius puniendi que evite que personas como la denunciada, ávida de notoriedad pública, al hacerse su propaganda en la televisión a costa de la difamación, pueda erosionar el crédito y la mejor valoración que los ciudadanos tienen de la Policía Nacional.
Además de esta medida judicial, el SUP ha presentado denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que se reclama la investigación de las declaraciones en redes sociales del dirigente de Podemos, Pablo Echenique, al considerar que podrían constituir delitos contemplados en el Código Penal por animar y reforzar a los manifestantes en Madrid, durante la tarde/noche del 17 de febrero y en homenaje al rapero Pablo Hásel, durante los episodios de terrorismo callejero vividos en las calles de Madrid.
Tal y como anunció el SUP la semana pasada, el objetivo de esta medida es impedir la impunidad de esas manifestaciones del dirigente de Podemos, de una gravedad extraordinaria por cuanto pudieron constituirse en elemento de respaldo y apoyo a quienes estaban provocando incidentes de incuestionable gravedad en Madrid, acometiendo a los policías nacionales que formaban parte del dispositivo desplegado para preservar la seguridad pública.
