CSIT UNIÓN PROFESIONAL informa que esta semana ha tenido lugar en Madrid, la Consulta Nacional del Proyecto MOBILECARE, con el objetivo de intercambiar ideas y generar un diálogo con diferentes perspectivas, para abordar los retos y las oportunidades relacionados con la movilidad intracomunitaria, en el marco de España. Para ello, se han analizado las mejoras que podrían implementarse en materia de diálogo social y/o negociación colectiva para los trabajadores de cuidados asistenciales en nuestro país, y, en consecuencia, la mejora de sus condiciones de trabajo.
El Proyecto MOBILECARE está financiado con fondos de la UE y cuenta con la participación de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, en representación de España, junto con diversas organizaciones de empleadores, organismos públicos, asociaciones y sindicatos de Polonia, Bélgica, Italia, Alemania, Malta, Serbia y Lituania.
MOBILECARE tiene como propósitos: Identificar buenas prácticas y desafíos para mejorar el diálogo social en relación con la movilidad laboral dentro de la UE (en los servicios de atención domiciliaria) y facilitar que el diálogo social sea efectivo tanto en el ámbito nacional, como europeo en la movilidad laboral.
Gracias al debate producido en esta Consulta Nacional, se han extraído diversas conclusiones, recomendaciones y buenas prácticas, que serán la base para preparar una propuesta política a nivel de la UE y el documento estratégico “Interlocutores sociales para una movilidad intracomunitaria eficaz“, en el marco de este Proyecto europeo.
Estas Recomendaciones y Buenas Prácticas se han establecido en dos sentidos, en función del marco de actuación del proyecto y de los análisis realizados en España:
- Las referidas al papel que debe desempeñar el diálogo social como instrumento en la mejora de condiciones de los servicios asistenciales.
- El establecimiento de mejoras concretas para las personas trabajadoras en la asistencia y el cuidado de personas, tanto en el ámbito asistencial como en sus domicilios particulares, a través de la negociación colectiva.
Entre las recomendaciones propuestas, destacan:
- Defender el trabajo decente y mantener y garantizar un empleo digno y de calidad para las personas cuidadoras en domicilios particulares, garantizando sus condiciones de empleo y laborales.
- Potenciar y orientar el diálogo social tripartito sobre el desarrollo de estrategias para el cuidado de las personas dependientes, mediante una mejor organización y eficacia de los servicios asistenciales.
- Reforzar la figura de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos ante las personas trabajadoras de cuidados asistenciales domiciliarios y ante las familias que los contratan, potenciando la información sobre su actividad sindical.
- Promover la igualdad de género, fomentando mayor participación de las mujeres trabajadoras en los procesos de toma de decisiones.
- Proporcionar, a las personas trabajadoras en la asistencia domiciliaria, una capacitación adecuada en materia de cuidados asistenciales y establecer sistemas de control sobre esas competencias profesionales.
- Identificar y evaluar la existencia de riesgos laborales para las personas trabajadoras en la prestación de cuidados asistenciales en el domicilio particular y establecer las medidas de prevención adecuadas.
- Analizar el impacto que tienen los factores de riesgo psicosociales sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras del sector de los servicios sociales, potenciando su reconocimiento profesional para aumentar su satisfacción y motivación.
- Establecer, a través de la negociación colectiva sectorial y de empresa, mejoras en las condiciones laborales y de empleo de las personas trabajadoras en el ámbito de los cuidados asistenciales, como: la flexibilidad en la jornada; el equilibrio de la vida laboral y familiar; potenciar las relaciones entre empleadores y trabajadores; o disponer de mayor formación permanente, entre otras.
- Potenciar las Inspecciones de Trabajo, la vigilancia y el control sobre la prestación de servicios asistenciales en domicilios particulares, al objeto de facilitar la detección de situaciones de irregularidades contractuales, ausencia de cualificación profesional o fraudes y abusos de los empleadores, imponiendo sanciones contundentes para quienes incumplan esas condiciones.
