JUCIL se muestra satisfecha porque un juzgado haya atendido la petición de protección que merecen los guardias civiles como servidores del orden público y defensores de todos los catalanes, a la vez que lamenta que el ministerio fiscal, que debería velar por los intereses generales, no se haya personado en la declaración de los altos cargos investigados.
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil -JUCIL- confía en que la toma de declaración de esta mañana a los cuatro altos cargos de Sanidad en Cataluña inicie el proceso judicial para encontrar y sancionar penalmente, si así corresponde, a los responsable de retraso discriminatorio con el que se vacunó frente al Covid a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña.
“JUCIL busca con este proceso que sea la verdad la que resplandezca. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro en diciembre del año pasado que resultó ‘discriminatoria e injustificada’ la inacción mostrada por el Gobierno de Cataluña en el proceso de vacunación de los guardias civiles y policías nacionales destinados en esta comunidad autónoma” ha declarado Milagros Cívico, responsable de JUCIL en Cataluña a las puertas del juzgado de Barcelona donde ha tenido lugar la declaración de los cuatro investigados. Una inacción contraria al artículo 14 de la Constitución Española que determina la igualdad para todos los españoles por parte de cualquier administración pública. También la Generalitat.
“Es un acto de justicia”
“Este viernes somos participes no solo de un acto de justicia, porque somos escuchados los guardias civiles y policías nacionales por un juez, sino que también se reafirma la protección merecida a quienes contribuimos a defender a los catalanes en un momento crítico como el vivido en la pandemia. Teníamos razón y así quedó demostrado, frente a unos políticos que utilizan de manera permanente la demagogia para intentar echarnos de esta región” ha reflexionado Milagros Cívico.
La sentencia del TSJ de Cataluña luego ratificada por el Tribunal Supremo precisaba que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones. Ahora es tarea de la Justicia determinar si estos altos cargos, al frente de la Administración Sanitaria en Cataluña, deben depurar responsabilidades.
“Sólo exigimos para los guardias civiles y para los policías nacionales igualdad de condiciones en el uso de un servicio, el de la sanidad pública que en España tiene carácter universal e igualitario y no puede ser trastocado, a su antojo, por cualquier responsable. Hay que recordar que cuando se produjeron estos hechos, con cerca de un 80% de Mossos D’Esquadra vacunados y solamente un 5% de guardias civiles y policías en Cataluña, las muertes provocadas por el COVID superaban el millar diario en España” ha comentado la responsable en Cataluña de JUCIL. “Alguien ha querido jugar con la salud de las personas, discriminando a unos grupos de otros y lo que queremos saber, imaginamos que también el tribunal, es por qué razones se llevaron a cabo estas diferencias de atención y de trato hacia unos grupos frente a otros que, recuerdo, según el propio TSJ no tienen motivos de carácter sanitario” ha concluido Milagros Cívico.
Los investigados ocupaban puestos relevantes en el sistema sanitario de la Generalitat
Los cuatro altos cargos llamados a declarar este viernes — y que solo han respondido a preguntas del juez y su abogada defensora — han sido porque ocupaban puestos relevantes dentro de la estructura del sistema sanitario catalán a la hora de tomar decisiones sobre la forma y el tiempo en el que se suministraban las vacunas, a qué personas se inoculaban y con qué cadencia y calendario, así como las personas y los grupos profesionales a los que se daba prioridad.
La Asociación Profesional JUCIL espera que de las declaraciones de estos investigados quede claro si fueron ellos, u otros responsables, los que excluyeron de los cuerpos de seguridad que debían ser vacunados todos aquellos que tenían un carácter nacional, o sea guardias civiles y policías nacionales y cuáles fueron las razones por las que se decidió que solamente se inocularían las vacunas disponibles a los cuerpos de seguridad que tenían un carácter provincial o autonómico.
Las actuaciones puestas en marcha por JUCIL y JUPOL tratan de determinar si a estos cuatro investigados son autores de una prevaricación administrativa. Es decir, si como funcionarios públicos, como autoridad, dictaron una resolución arbitraria. Y que sean los jueces quienes decidan si se ha producido además un delito contra las normas de prevención de riesgos laborales porque tanto el TSJ como posteriormente el Tribunal Supremo han expresado en sus respectivos fallos que ni se tuvo en cuenta ni se facilitaron los medios para que estos trabajadores, es decir, guardias civiles y policías nacionales, desarrollaran su labor en Cataluña con las medidas de salud y de higiene adecuadas.
