La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, (APFP) sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario informa de la concentración realizada en las puertas del Centro Penitenciario de Murcia II, en Campos del Río, tras los graves hechos ocurrido el pasado viernes, cuando un interno yihadista, islamista radicalizado en prisión, intentó asesinar a un funcionario de prisiones en este centro.
APFP denuncia que en España se produce una media de una agresión cada 26 horas a funcionarios de prisiones a manos de los reclusos, entre 2000 y mayo de 2022 se han registrado hasta 7.564 agresiones. En este período, en los centros de la Comunidad de Murcia se produjeron 145 agresiones a trabajadores penitenciarios.
Denuncian que según el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los centros penitenciarios, firmado en mayo de 2017 por la Administración con los sindicatos CSIF y UGT, que realmente sirve para “maquillar” las estadísticas de agresiones, ya que el protocolo sirve para analizar y evaluar la actuación del trabajador penitenciario, no de la agresión recibida, de hecho amenazas de muerte, insultos, golpes producidos de forma indirecta…, están excluidas del protocolo, éste especifica que “ la agresión es una conducta violenta del interno en el medio laboral que produzca una lesión corporal o daño para la salud al empleado público penitenciario durante o como consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones de su puesto de trabajo. Dicho daño para la salud del trabajador debe ser objetivo y constatable”.
Estas agresiones se podrían evitar con medios coercitivos actualizados al S.XXI como la petición efectuada por APFP al Ministerio de Interior de pistola taser para estas situaciones. Estos hechos ponen de manifiesto de forma clara y contundente que la falta de autoridad y efectivos de funcionarios de vigilancia interior está en un momento crítico.
Señalan que afortunadamente, hasta ahora, la profesionalidad de los funcionarios ha evitado una tragedia, pero cada día queda más claro que es cuestión de tiempo que esto ocurra, y que, tanto la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias como el Ministerio del Interior, no están haciendo el más mínimo esfuerzo para tratar de evitarlo ni de proporcionar medidas de protección para los funcionarios de prisiones.
