Esta semana hemos conocido que el juez Miralles, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, ha citado como imputados a al menos cincuenta agentes de la Policía Nacional que participaron en el restablecimiento de la legalidad constitucional y del orden público durante la infatuosa jornada del uno de octubre de 2017. Según éste juez, en las actuaciones realizadas en algunos de los centros educativos habilitados para las votaciones del referéndum, “se aprecian claros déficits respecto a los protocolos” y un “uso innecesario de la fuerza” por parte de los agentes.

El cumplimiento de una orden judicial

El motivo de tan sorprendente requerimiento judicial, no es otra, que la de agradar una vez más a quienes se empeñan en dulcificar un golpe de estado. Es notorio y conocido que en aquellos infames días de la mal llamada “Revolución de las Sonrisas”, en una parte del territorio español, políticos, ciudadanos, y gran parte de la cúpula policial autonómica de los Mossos de Esquadra, conspiraron para hacer saltar por los aires la democracia, instigando directamente a sus acólitos a hacer señalamientos personales y abocando a la ciudadanía a una insoportable convivencia, muy típica de los anhelosos de un moderno “Tercer Reich”.

Las pautas a seguir estaban muy claras,  y la lección muy bien aprendida. Perfectamente coordinados, mientras los políticos desde sus cargos en las instituciones lanzaban soflamas a favor de la independencia de Cataluña,  los ciudadanos más radicales se ocupaban de agitar las calles provocando disturbios y el caos al más puro estilo “kale borroka”, y ante todo lo anterior, muchos de los mandos y algunos subordinados de la policía autonómica catalana miraban hacia otro lado o participaban activamente jugando a ser “Chivatos”, vigilando a la Policía Nacional, para facilitar a los sediciosos, información sobre los desplazamientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La conspiración para el golpe de estado

La confabulación para delinquir y proclamar una “República Catalana”, no les salió como habían pensado, y se tuvieron que conformar con subirse a un escenario y gritar el nacimiento de la bochornosa y efímera “Republiqueta”. El pulso que se había echado al estado democrático, lo perdieron de manera vergonzosa. Ellos eran muchos, pero también eran más cobardes, la valentía se desinfló al ver que frente a ellos estaba la Policía Nacional y la Guardia civil para abortar ese golpe de estado.

La democracia estaba siendo atacada, la Constitución pisoteada, y tal muestra de ultraje, no podía permitirse ni un minuto más. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gran parte de los juristas, y el Rey Felipe VI a la cabeza, contribuyeron a revertir el imperante caos. Todos los mecanismos democráticos fueron utilizados a fin de devolver la normalidad a una Cataluña destartalada y rota.

Los que siempre están al pie del cañón

Y de la contribución de las unidades UIP o UPR de la Policía Nacional, o del GRS de la Guardia Civil, quiero hablar y partir una lanza a favor de ellos. No es justo que se castigue a quien jugándose la vida (a los hechos e imágenes me remito), no hicieron otra cosa más que cumplir el mandato judicial que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les había requerido. Una orden directa y plenamente legal, dada por un órgano judicial superior, como era la de impedir cualquier tipo de votación respecto a un supuesto y no autorizado referéndum de independencia, resulta que ahora es papel mojado.

El empleo proporcional de la fuerza

Las unidades anteriormente mencionadas, en el cumplimiento de sus funciones, y en concreto, en aquellas en las que se mencionan en el párrafo anterior, tienen facultad plena para de manera proporcional y en la medida que sea necesario, utilizar la fuerza contra elementos suversivos. Era tal la magnitud de la violencia y agresividad de quienes participaban en la rebelión y en los desórdenes públicos, que obligó a estas unidades a hacer uso de esa fuerza, demostrando en cada una de esas actuaciones, una profesionalidad ejemplar, cumpliendo siempre con los principios de congruencia y  proporcionalidad.

El mundo del revés

En un mundo al revés, y gracias a que “Papá Estado” es altamente permisivo con quienes transgreden la ley, hay unos juristas con dudosa imparcialidad y revestidos de un halo todopoderoso, que decididos a querer pasar a la posteridad, prefieren castigar a quienes defienden la justicia, que a aquellos que la atacan con vehemencia.

Los extraños defensores y la lideresa

No hay que dejar pasar de largo un detalle, y es que la idea de este juez de admitir a trámite la petición de esta imputación, no es casual. Pues parte de la asociación “Centro Iridia”, supuesta defensora de los derechos humanos sociales y políticos, todo muy bonito, y a la vez muy hipócrita e incoherente, ya que se molesta en denunciar agresiones por parte de las unidades policiales, sin tener en cuenta las conductas violentas y sediciosas de quienes no dudan en amparar.

También está metida en esta cruzada, Mariana Huidobro,  es sobradamente conocida por manifestar su odio contra los uniformados sean policías o militares, así como defender causas que no tienen justificación ninguna, como defender fervientemente a los agresores de Alsasua, para los que siempre pide libertad.

Esta señora tan completa, no es otra, que la madre de Rodrigo Lanza Huidobro, condenado por dejar  tetrapléjico a un guardia urbano mientras efectuaban el desahucio de la vivienda en la que éste habitaba como “ocupa”, así como es el presunto autor del asesinato de Íñigo Lainez, a quien a base de golpes y con un arma blanca golpeó hasta quitarle la vida, por vestir unos tirantes con la bandera de España.

Esta revolucionaria señora y su asociación, reciben jugosas subvenciones de organismos públicos catalanes, tal es el nivel de enriquecimiento, que para lavar la imagen de este peligroso sujeto, financió y escribió el guión de la putrefacta serie (Ciutat Morta) para una famosa plataforma digital.

Un futuro negro

Flaco favor se le hace a la sociedad criminalizando a la policía, pero aún así, sintiendo una flagrante desprotección y una falta de respaldo judicial, quienes son garantes de la libertad, la seguridad y la justicia, siempre van a estar dispuestos una y otra vez a dar la cara, cuando sea necesario, incluso hasta cuando se la partan. ¿Vosotros (políticos, ciudadanos altamente polarizados y subvencionados) haríais lo mismo? Ni de coña.

Solamente el tiempo, si Dios nos lo permite, nos mostrará el final de esta aberrante decisión judicial. Mientras sienten en el banquillo a honrados policías, vayan sacando a peligrosos delincuentes sexuales a la calle.

 Recuerden, Roma no paga a traidores.