Por Silvina Rodríguez León, Analista Internacional en Ciberdelincuencia.
La crisis migratoria que afecta a las Islas Canarias ha puesto de manifiesto no solo una compleja emergencia humanitaria, sino también un grave problema de seguridad, impulsado por el tráfico de seres humanos. Como canaria y analista en ciberdelincuencia, considero esencial abordar este fenómeno desde su dimensión digital, ya que las redes de tráfico han sabido adaptarse al uso del ciberespacio para maximizar sus operaciones, evadiendo la vigilancia tradicional. En este contexto, es fundamental que el Estado incremente sus esfuerzos en la vigilancia tanto física como digital para combatir de manera más efectiva este tipo de delitos.
Las Islas Canarias, dada su cercanía geográfica con África, se han convertido en una puerta de entrada para los migrantes que buscan llegar a Europa. Sin embargo, lo que a menudo se desconoce es que muchas de estas personas son víctimas de redes de tráfico de seres humanos, las cuales utilizan plataformas digitales para captar y explotar a migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Estas redes aprovechan las redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada para vender falsas esperanzas y ofrecer rutas peligrosas hacia las islas, facilitando su control y coordinación con un bajo riesgo de ser detectadas.
En este escenario, el papel del Estado es crucial. Si bien las autoridades han hecho esfuerzos para combatir el tráfico de seres humanos en la región, es necesario intensificar la vigilancia en el ciberespacio, donde los traficantes operan con relativa libertad. La implementación de tecnologías avanzadas en la ciberseguridad, como el monitoreo de patrones en la dark web, la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos (Big Data), permitiría al Estado detectar y rastrear las actividades de estas redes criminales con mayor eficacia.
El ciberespacio ha permitido a los traficantes de seres humanos expandir sus operaciones de manera rápida y efectiva. La dark web, en particular, se ha convertido en un espacio clave para la compra y venta de documentos falsos, identidades robadas y otros recursos esenciales para el tráfico de personas. Las transacciones a menudo se realizan con criptomonedas, lo que complica aún más el rastreo de estas operaciones. Desde mi experiencia como analista en ciberdelincuencia, creo que un mayor control del Estado sobre las plataformas digitales, a través de la cooperación con empresas tecnológicas y la creación de unidades especializadas, podría ser determinante para interceptar estas actividades antes de que las víctimas lleguen a las costas canarias.
Una vez que los migrantes llegan a las Islas Canarias, muchos son forzados a entrar en redes de explotación laboral o sexual. Estas redes, además de operar físicamente, utilizan el ciberespacio para intimidar, controlar y coaccionar a sus víctimas, amenazándolas con difundir información sensible o ejercer violencia sobre sus familiares. Es aquí donde la vigilancia estatal debe ser más proactiva, con esfuerzos enfocados en la intervención digital que permita no solo prevenir la trata de personas, sino también proteger a las víctimas que ya se encuentran en territorio europeo.
La lucha contra el tráfico de seres humanos, por tanto, no puede centrarse únicamente en el control fronterizo o en la intercepción de embarcaciones. El Estado debe reconocer que el ciberespacio es un campo de batalla igualmente importante, donde las redes criminales operan con impunidad. Para ello, es imprescindible que las autoridades refuercen su presencia en las plataformas digitales, trabajando de la mano con agencias internacionales, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas, con el fin de desmantelar estas redes desde su base operativa digital.
La vigilancia estatal, tanto física como digital, debe intensificarse si se quiere combatir de manera efectiva el tráfico de seres humanos en Canarias. Esto incluye no solo aumentar la seguridad en las fronteras y en el mar, sino también desplegar herramientas de ciberseguridad avanzadas que permitan a las autoridades rastrear las comunicaciones y transacciones que ocurren en la dark web. Además, se debe promover una mayor cooperación internacional para compartir inteligencia y mejorar las capacidades de respuesta a este tipo de delitos.
Finalmente, es esencial que el Estado no solo se enfoque en desmantelar las redes criminales, sino también en proporcionar asistencia y protección a las víctimas del tráfico de seres humanos. La vigilancia digital debe complementarse con políticas de apoyo a los migrantes que llegan a Canarias, asegurando que no sean revictimizados y que reciban la atención que necesitan para escapar del ciclo de explotación en el que han caído.
En conclusión, la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos en las Islas Canarias no son solo una crisis humanitaria, sino también un desafío de seguridad que requiere una mayor vigilancia por parte del Estado, especialmente en el ciberespacio. Solo a través de un enfoque integral que combine tecnología avanzada, cooperación internacional y una presencia digital activa, podremos abordar eficazmente este grave problema que afecta tanto a los migrantes como a la sociedad canaria.
En relación con la publicación de la señora Silvina Rodríguez León, quisiera expresar que está muy bien desarrollada y fundamentada. Yo viví esa experiencia y fue extremadamente desagradable en la localidad de Tarifa, Cádiz. Jamás olvidaré cómo se amontonaban los cadáveres en la playa de Los Lances, mientras las mafias mostraban una total indiferencia hacia la vida humana, preocupándose únicamente por la mercancía y el tráfico de seres humanos. Observé cómo estas mafias actuaban con total impunidad, dejando a los seres humanos a su suerte. Fue un espectáculo escandaloso.