Desde la Confederación Española de Policía -CEP-, sindicato de referencia en la Policía Nacional que ha declarado en abril de 2024 el Conflicto Colectivo a Marlaska, señalan que el ministro del Interior permite que salte por los aires el consenso de sus catorce predecesores, que jamás consintieron entregar las competencias en fronteras a los Mossos, y que éste aceptará que Policía Nacional y Guardia Civil sufran un golpe mortal en sus competencias en Cataluña.
Desde esta organización apuntan a que la inminente presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición de Ley, que habría sido pactada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el partido político independentista Junts per Catalunya, con el objetivo de incorporar a los Mossos d’Esquadra a las actividades policiales en las fronteras de nuestro país ubicadas en Cataluña y, además, hacer copartícipe a aquel Gobierno autonómico de las competencias migratorias, constituye un golpe mortal para los cometidos que la Policía Nacional desarrolla allí y sitúa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como “el primero de los quince titulares de ese departamento que va a tener el dudoso honor de tolerar la ruptura de un consenso mantenido durante casi medio siglo por los sucesivos Gobiernos de nuestra democracia”.
Exponen desde el CEP que Grande-Marlaska debería presentar su dimisión hoy mismo si se materializa esta información anunciada ayer por los medios de comunicación, y que “ha sido incapaz de frenar esta nueva embestida del independentismo catalán hacia las competencias exclusivas de nuestro Cuerpo”. “Con ese fracaso pasa a ser el primer ministro del Interior de la democracia -habiéndole precedido dos de UCD, siete del PSOE y cinco del PP- que consiente una decisión que ha generado un profundo y generalizado rechazo entre los policías nacionales, especialmente los destinados en Cataluña. Estos últimos asisten, con una mezcla de impotencia e incertidumbre, a anuncios de acuerdos sobre recortes o cesiones de competencias policiales que pueden afectar a sus derechos profesionales y a su futuro como garantes no sólo de la seguridad ciudadana sino del control de fronteras exteriores que permiten el acceso a territorio Schengen”.
La incorporación de los Mossos a esos cometidos -puertos, aeropuertos, fronteras, CIE’s- no obedece a un análisis de necesidades operativas o de un pacto de Estado para la modificación del modelo de seguridad pública de nuestro país, subrayan desde CEP, y añaden que “al contrario, está relacionada con la aritmética parlamentaria y con el permanente chantaje competencial que los independentistas catalanes imponen en todas sus negociaciones. La obsesión de estos últimos con expulsar a la Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña roza lo patológico y demuestra que la seguridad de los catalanes es lo de menos, teniendo en cuenta que aquella es la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de criminalidad de toda España sin que la Generalitat haya logrado revertir esa grave situación con sus propios medios, más allá de arrancar al Estado sucesivos incrementos de agentes autonómicos (hasta 22.000, en una Junta de Seguridad en 2021; hasta 25.000, en la Junta de Seguridad de diciembre de 2024; y hasta 26.800, dice el texto del acuerdo anunciado estas horas)”.
El ejercicio de competencias policiales en puertos y aeropuertos, en fronteras, forma parte del núcleo esencial de atribuciones que la Constitución Española y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, encomendaron a Policía Nacional y a Guardia Civil. “Si el ministro del Interior asiste impasible a este nuevo ataque a nuestros cometidos, del que nuevamente nos enteramos por los medios de comunicación pese a afectar al futuro profesional de miles de compañeros destinados en Cataluña, no le queda otra opción que dimitir”.
“Debería dimitir por dignidad y coherencia; pero no lo hará. Debería dimitir para demostrar liderazgo frente a los policías nacionales y guardias civiles; pero no lo hará. Debería dimitir para no ser el primer ministro del Interior que consiente, en casi medio siglo de democracia, este grave ataque a nuestras competencias; pero no lo hará. Y en esa resistencia, en esa negativa, agrandará todavía más el abismo que le separa de los profesionales de la seguridad pública”.
Desde CEP anuncian que denunciarán en todos los ámbitos posibles este nuevo ataque a las competencias de los policías nacionales, que afecta directamente a su presente y futuro laboral en Cataluña. “Y como estamos seguros de que quienes han firmado ese acuerdo han buscado blindarlo jurídicamente frente a hipotéticos recursos nuestros o de otros colectivos, hacemos un llamamiento al conjunto de partidos políticos para que, al amparo del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, planteen en cuanto se apruebe la ley de cesión de competencias un recurso de inconstitucionalidad”.
