La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y Comisiones Obreras han mostrado su decepción ante el fracaso consumado ayer de la reforma de la mal denominada ‘ley mordaza’.
Ambas organizaciones han lamentado que los cambios en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, cuyo dictamen ha sido debatido y votado en contra en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, no hayan prosperado, con lo que el texto de la ley aprobada por el Partido Popular permanecerá intacto.
La reforma de la ley de seguridad ciudadana no ha salido adelante por el fracaso de PSOE, PNV, Podemos, Esquerra y Bildu al no llegar a un acuerdo que debilitaba a la Policía Nacional, circunstancia que permitirá que la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy siga vigente. La ley ha descarrilado en la Comisión de Interior, donde han votado a favor 18 diputados (PSOE, Podemos y PNV) y 19, en contra (PP, Vox, Cs, ERC, Bildu, UPN y JxCat). Se precisaban más “síes” que “noes”.
Para estos sindicatos, CCOO y UGT, el hecho de que no haya sido posible llegar a un acuerdo por parte de los grupos que pretendían reformar la norma conllevará el mantenimiento de una ley sumamente lesiva para las libertades civiles y los derechos de la ciudadanía. Desde UGT y CCOO entienden que aún había margen para la negociación y que la aprobación del dictamen en la Comisión de Interior hubiera dado más tiempo para buscar un consenso más amplio antes de su votación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja, donde se habría producido su aprobación o rechazo final debido al carácter orgánico de la ley.
Asimismo, tanto UGT como CCOO consideran que los cuatro puntos sobre los que giraban las negociaciones deberían haber sido objeto de una mayor ambición y flexibilidad por parte del Gobierno para alcanzar un acuerdo que permitiera continuar adelante con la reforma de la ley.
Según UGT y CCOO, al no haber progresado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se mantiene el texto que el Partido Popular impuso con su mayoría absoluta en 2015 en contra de los movimientos sociales, sindicales y del resto de fuerzas políticas de izquierda del arco parlamentario en unos momentos de fuerte contestación social ante las medidas de recortes y austeridad impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Una postura la de CCOO y UGT que los enfrenta a los sindicatos policiales, quienes señalan a la división parlamentaria entre los socios que sostienen al Gobierno como la causante y principal aliado de los policías nacionales a la hora de tumbar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, después de año y medio de polémicas por una iniciativa que se ha desarrollado de espaldas a los profesionales de la seguridad pública. La puntilla a este proyecto de modificación normativo mantiene el escenario actual, en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán seguir recurriendo a la principal herramienta que vertebra las intervenciones policiales frente a actuaciones incívicas o violentas.
