El nuevo reparto de menores inmigrantes genera tensión política por su asimetría entre comunidades autónomas
El Gobierno de España ha anunciado la modificación de la Ley de Extranjería como resultado de su reciente acuerdo con Junts. Un pacto entre el Estado y una comunidad autónoma que pretende esparcir menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENAS, por el resto de territorio nacional. La medida tiene como objetivo una distribución más “justa y eficiente”, según fuentes gubernamentales, pero ha desencadenado tensiones políticas debido a la percepción de asimetrías en el número de menores asignados a cada comunidad autónoma.
El reparto, que coincide con el inicio de la primavera, ha generado comparaciones entre la distribución de estos menores y la siembra estacional de las cosechas. Algunos críticos han argumentado que la medida trata a los MENAS como meras “semillas humanas”, distribuidas por el país sin contemplar suficientemente las realidades y capacidades de cada comunidad autónoma para integrarlos adecuadamente.
Desde sectores críticos se señala que el reparto no responde a criterios equitativos, sino más bien a una lógica de conveniencia política. Representantes de comunidades como Andalucía, Madrid y Cataluña han expresado su descontento, afirmando que asumirán una carga significativamente mayor que otras regiones. En contraste, algunas comunidades más pequeñas o menos pobladas, como La Rioja, han recibido un número notablemente menor de menores.
En medio de este debate, el reciente asesinato de una trabajadora social en un piso tutelado de Badajoz ha añadido un matiz trágico a la discusión. María Belén Cortés Flores, de 35 años, fue asesinada por tres menores bajo su cuidado, lo que ha puesto de manifiesto los riesgos y desafíos que enfrentan los profesionales en este ámbito. Este suceso ha reavivado las críticas sobre la falta de recursos y medidas de seguridad en los centros de acogida, así como la necesidad de un enfoque más integral en la gestión de estos menores. Una vez más se empieza “la casa por el tejado” al no disponer las comunidades de unas infraestructuras, ni plan estratégico, ni personal suficiente, ni medios técnicos adecuados para atender a estos menores y realizar un seguimiento que garantice su integración y desarrollo.
Distribución de MENAS por comunidad autónoma:
– Andalucía: 450
– Cataluña: 380
– Comunidad de Madrid: 320
– Comunidad Valenciana: 280
– Galicia: 140
– País Vasco: 120
– Castilla y León: 100
– Castilla-La Mancha: 90
– Aragón: 80
– Asturias: 70
– Extremadura: 60
– Navarra: 50
– Cantabria: 40
– La Rioja: 20
– Baleares: 25
– Canarias: 35
Mientras tanto, el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para aliviar la presión sobre comunidades que actualmente asumen un número desproporcionado de MENAS y para avanzar en una integración más homogénea. En este contexto, el debate político promete ser intenso en los próximos meses, reflejando las persistentes divisiones en torno a la gestión de la inmigración y la equidad territorial.
