Las organizaciones CCOO, SUP, AUGC y AUME representativas en los colectivos de Policía Autonómica, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, respectivamente, han publicado una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un texto donde exigen públicamente el derecho a recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad y para preservar la salud de la ciudadanía.
Piden su declaración como personal de alto riesgo durante la lucha contra la pandemia, reclamando que se pongan en marcha de forma inmediata medidas de protección eficaces en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad, que es un servicio público esencial y así fue calificado en la declaración del estado de alarma.
Denuncian que su derecho a recibir una protección eficaz no se está respetando, al no proveerse, con carácter general, de los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión.
Los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están especialmente expuestos al contagio del virus por su contacto directo con la ciudadanía. De hecho, sin contar a los posibles contagiados en las Fuerzas Armadas, al no poder aportar datos, hay alrededor de 9.000 personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que se encuentran afectados o aislados.
Advierten que si no se adopta una rápida solución y aumenta la cifra de contagios y aislamientos entre los agentes, podría ponerse en serios apuros la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Por ello, demandan, con carácter inmediato, que se les dote de equipos de protección, que se les provea de test rápidos de detección del Covid-19 y, finalmente, que se organicen sus servicios de modo que quede preservado su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad en el ejercicio de su actividad y para preservar su salud y la de la ciudadanía.
Carta dirigida a Pedro Sánchez
Nos dirigimos a Usted como máximo responsable de las decisiones y políticas que se están llevando a cabo en el marco de la declaración del estado de alarma. Las personas a las que representamos las cuatro organizaciones que suscribimos la presente carta, prestan servicios esenciales para la ciudadanía y están, por ello, directa y especialmente expuestos al contagio del virus y, asimismo, pueden ser vectores de trasmisión a otros ciudadanos, compañeros y a sus ámbitos familiares.
La regulación de los derechos y deberes profesionales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas es clara cuando establece el derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas.
Cuando ha transcurrido una parte sustancial del tiempo previsto para la efectividad del estado de alarma y cuando se conoce que el plazo inicial va a ser ampliado, estamos en condiciones a afirmar que el derecho a recibir una protección eficaz, no se está respetando, al no proveerse con carácter general, de los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión.
Nuestros datos nos llegan a concluir que, en estos momentos, y sin contar a los posibles afectados en las Fuerzas Armadas al no poder aportar datos, hay alrededor de 9.000 personas pertenecientes a los cuerpos de seguridad que se encuentran infectados o aislados, pendientes de realización de la prueba sanitaria pertinente. Si no se adopta una rápida solución y aumenta la cifra de contagios y aislamientos entre los agentes, podría ponerse en serios apuros la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas.
Los profesionales de la seguridad pública ya son personal de riesgo, en consecuencia, consideramos esencial que todos los policías, guardias civiles y militares tengamos reconocida tal condición de grupo de riesgo. De modo que, en primer lugar, se nos provea de manera inmediata de los equipos de protección; en segundo, que todos los afectados tengan acceso a los test rápidos de detección del Covid-19 y, finalmente, que se organicen los servicios para que se preserve el derecho a recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad y para preservar la salud de la ciudadanía.
Queremos trasmitirle que la solución a todo ello, ha de ser inmediata y que, por la relevancia e importancia de las cuestiones que le hemos planteado, de no darse una respuesta adecuada y respetuosa con el ordenamiento jurídico, el sistema publico de seguridad puede ponerse en riesgo.
Quedamos a la espera de sus noticias y a su disposición.
