La Sección Sindical de la Policía Local de Bizkaia (Si.P.E.) ha denunciado la dejadez administrativa por parte de la alcaldesa Ainhoa Basabe Meléndez, perteneciente al Partido Nacionalista Vasco, en relación a la acumulación de boletines de denuncias sin tramitar desde el mes de julio. Varias de estas denuncias han prescrito y otras se encuentran a punto de hacerlo lo que constituye una “barra libre” para que los infractores campen a sus anchas con total impunidad en la demarcación municipal.
Por parte de dicha organización sindical, se ha recordado a la alcaldesa que desde el pasado día 29 de julio de 2021 no hay en el Ayuntamiento de Sestao quien se encargue de la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico y ordenanzas municipales incoados en el devenir de la actividad diaria de los componentes de la policía local. “Esta situación, previsible desde hace ya mucho tiempo y extraordinariamente anómala, solo es una muestra más de la pésima gestión de un equipo de Gobierno que en los últimos tiempos está terminando de destrozar la integridad y profesionalidad del departamento de la policía local de Sestao. La situación no puede ser peor”, sentencian los representantes de los agentes.
Por otro lado, ponen en relieve que las denuncias formuladas están al alcance de cualquiera que transite por dependencias policiales, pertenezca o no al colectivo, colocadas sin ningún tipo de medida que garantice su guarda y custodia y sin tramitar desde por lo menos el 19 de mayo de 2021. Detallan que se encuentran almacenadas en un armario abierto, en una caja de cartón sobre una balda, metidas en sobres referenciados a mano con la fecha de las denuncias que contienen y separadas según se trate de denuncias formuladas por infracciones de tráfico o de aquellas interpuestas por infracción a las ordenanzas municipales, lo que califican como “¡una verdadera vergüenza!”.
Desde Si.P.E. manifiestan que “la gravedad es tal que, a día de la fecha, las calificadas como infracciones leves y formuladas entre el 19 de mayo y el 19 de junio de 2021 ya han prescrito al haber transcurrido los tres meses que marca la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. ¡TERRIBLE! Esta nueva dejadez institucional no solo implica que comportamientos antirreglamentarios queden impunes y en muchos casos el principio de autoridad vuelva a quedar en entredicho, sino que se traduce en un trato desigual entre aquellas personas respetuosas que cumplen la ley y quienes la transgreden, suponiendo igualmente una indefensión total de unos infractores frente a otros, habida cuenta de que en aquellos casos en que las personas que, habiendo sido denunciadas y notificadas en el acto de la sanción cometida, se hayan querido acoger a la reducción del 50% del importe de la sanción aparejada por pronto pago, habrán abonado una sanción de un procedimiento inexistente. ¡Inconcebible! Si a todo lo anterior añadimos además la ausencia de información respecto a la tramitación de denuncias formuladas y cuya potestad sancionadora recae sobre otros organismos o instituciones, sin saber si ni tan siquiera han podido ser comunicadas, la situación deja entrever la caótica gestión que, a tal respecto, está teniendo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sestao”.
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Precisamente, por todo ello es por lo que Si.P.E. ha solicitado a la alcaldesa de Sestao que en primer lugar proceda de manera inmediata a dar las instrucciones y/u órdenes necesarias a los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento para que, a través de los departamentos municipales que sean necesarios, se garantice tramitación de todos los procedimientos sancionadores incoados por las denuncias formuladas por el operativo policial tanto en cuanto no se proceda a la contratación de la empresa que se encargue de la gestión de tales expedientes.
En segundo lugar, Si.P.E. solicita que se proceda de manera inmediata a dar las instrucciones y/u órdenes necesarias al Jefe de la policía local para que implemente todas aquellas medidas que garanticen de forma efectiva la guarda y custodia de la totalidad de las denuncias que por parte del operativo se formulen, estableciendo una cadena de custodia de forma que siempre exista un responsable respecto a dichos documentos.
