Cae una red criminal que regularizaba inmigrantes con contratos de trabajo fraudulentos y uniones de parejas de hecho ficticias

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· Los investigados, que habrían obtenido unos 350.000 de beneficio, exigían varios pagos a las personas que querían regularizar su situación, que oscilaban entre los 3.000 y los 5.000 euros

· Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 58 personas y han identificado a una cincuentena más, como presuntos autores de los delitos de falsificación documental y contra los derechos de ciudadanos extranjeros

. El grupo investigado habría regularizado la situación administrativa de unas 70 las personas extranjeras no comunitarias de forma fraudulenta

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de Figueres y de la División de Investigación Criminal de Girona, conjuntamente con la Policía Nacional, han detenido a 58 personas a las que se les atribuyen delitos de falsificación documental y contra los derechos de ciudadanos extranjeros. La investigación ha permitido desmantelar un entramado criminal, con epicentro en Figueres, que regularizaba la situación administrativa de inmigrantes con contratos de trabajo fraudulentos y uniones de parejas de hecho ficticias

Los contratos fraudulentos eran de corta duración, coincidiendo con los plazos de la administración para resolver las solicitudes de residencia. Para realizar estos trámites, los investigados exigían varios pagos a las personas que querían regularizar su situación, que podían variar entre 3.000 y 5.000 euros. Los investigadores no descartan que estas cantidades fueran superiores, atendiendo a la necesidad del ciudadano extranjero, y de sus posibilidades económicas.

El operativo de explotación de la investigación se realizó en dos fases durante los meses de noviembre y diciembre de 2023. El día 21 de noviembre se inició la primera fase, donde se detuvo a las primeras 55 personas implicadas.

Posteriormente, el día 13 de diciembre se realizó la segunda fase del operativo en la que se llevaron a cabo dos entradas y registros, tanto en el despacho profesional, de una de las principales personas investigadas, como en su domicilio, donde se va intervenir gran cantidad de documentación relacionada con la investigación. También se practicaron otras tres detenciones de personas relacionadas con la actividad criminal.

Clientes y perjudicados por la propia gestoría

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por clientes de esta gestoría contra sus responsables por prácticas presuntamente fraudulentas. En este punto, se formalizó un equipo conjunto de investigación con la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF) de la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de la demarcación de Girona

A medida que la investigación avanzaba, el equipo conjunto de ambas policías pudo localizar hasta 24 procedimientos judiciales, o denuncias que continuaron aumentando el grueso de perjudicados, en las que se logró identificar un total de 95 contrataciones dadas de alta de forma fraudulenta a la Seguridad Social, a nombre de los denunciados o de sus empresas. Los contratos de trabajo eran falsos, puesto que los perjudicados desconocían la existencia de estos documentos, así como tampoco reconocían su firma en los mismos.

La propia gestoría investigada tenía autorización para activar altas de supuestos trabajadores/as en el sistema de cotización de la Seguridad Social, a cargo de su cartera de clientes que disponían de firma digital. Los perjudicados podían ser tanto empresarios o autónomos que tenían este despacho para realizar trámites burocráticos con la administración, o personas físicas que realizaban tramitaciones puntuales, como podían ser declaraciones de renta. Cuando los perjudicados detectaban esta actividad irregular y reclamaban en el despacho, los investigados aducían que se trataba de un error de la gestoría y que procederían a subsanar.

También se investigaron 24 parejas de hecho ficticias entre personas nacionales con ciudadanos extracomunitarios para facilitar su regularización administrativa, inscritas en el registro de parejas estables de hecho de Catalunya. Finalmente se constataron que en 21 de estos casos, los ciudadanos extracomunitarios implicados solicitaron la residencia, por ser familiar de una persona nacional, y en 16 se logró la regularización. Entre una de estas parejas investigadas se encontraba la unión entre una ciudadana extranjera y uno de los principales e investigados.

Estas gestiones se llevaron a cabo con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Gerona, La Oficina del Departamento de Trabajo de la Generalidad en Figueres y la Tesorería General de la Seguridad Social de Gerona.

Tres funciones dentro de un mismo entramado

Dentro del entramado delictivo existían varios roles asignados a los investigados, siendo los responsables de la gestoría quienes llevaban a cabo junto con otras personas de origen extranjero la dirección de la actividad criminal del entramado.

Por un lado, desde la gestoría se elaboraban los contratos laborales ficticios presentados en la Seguridad Social. También generaba, de forma fraudulenta, documentación necesaria para inscribir a una pareja de hecho en el registro de parejas estables de hecho de Cataluña del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña. Por último, también se pudo acreditar durante la investigación el empadronamiento fraudulento en domicilios para acreditar la convivencia entre los miembros de las parejas de hecho investigadas.

Por otra parte, otras personas, no relacionadas formalmente con la gestoría, eran los encargados de captar a inmigrantes extranjeros con su situación administrativa irregular, para, a cambio de dinero, iniciar los trámites de regularización fraudulentos.

Por último, los investigadores identificaron a una serie de personas, principalmente mujeres, que eran las que, en connivencia con la trama criminal facilitaban sus datos para inscribirse como pareja de hecho con los ciudadanos extranjeros, a cambio de una cantidad económica.

Una vez se disponga de sentencia judicial por el enjuiciamiento de esta causa, se podrá revocar la documentación obtenida de forma ilegal. Corresponderá a la autoridad judicial pedir esta revocación a la subdelegación del gobierno.

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