La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), denuncia la grave agresión a dos funcionarias de prisiones ocurrida este viernes en el Centro Penitenciario de Albolote.
A las 19.40 horas, una de las internas empieza a hacer gestos hacia las funcionarias que prestan servicio en el departamento en un estado de gran agitación. Las funcionarias se acercan a ella para tranquilizarla, saber que le pasa y si necesita ir a enfermería.
Tras llegar a la zona de seguridad del módulo, súbitamente se abalanza sobre una de las funcionarias que está de servicio en el departamento agarrándola del pelo y comienza a propinarle puñetazos y patadas. La funcionaria ayudada por la otra compañera intenta zafarse de la interna y lo consigue aunque le ha arrancado varios mechones de pelo. Con gran esfuerzo consiguen inmovilizarla y trasladarla al departamento de Aislamiento.
Las dos funcionarias fueron atendidas por los servicios médicos del centro y posteriormente en un hospital.
“Esta agresión se podía haber evitado, ya que es la segunda agresión de la interna hacia las funcionarias, en 2020 agredió a una de ellas, vino a juicio desde otro centro y tras el juicio ha permanecido en Albolote sin ir a su centro penitenciario de procedencia, debido a la nefasta gestión de la dirección del centro, en no proceder a su traslado se ha producido la agresión”, por lo que desde APFP solicitan el cese del director.
APFP denuncia que se produce una agresión cada 36 horas en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sin que se tomen medidas por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ni del Ministerio del Interior ni desde el Gobierno.
Señalan que esta espiral de violencia tiene un culpable directo, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, gracias a la normativa penitenciaria interna publicada durante su mandato, los internos gozan de impunidad en sus acciones, y ponen como ejemplo el hecho de que pueden incluso salir de permiso si han agredido a un funcionario previamente, además, los funcionarios de prisiones no tienen específicamente la condición de agente de la autoridad, por lo que las penas impuestas son leves.
Esta organización sindical reclama al Ministerio del Interior un estatuto propio para los funcionarios de prisiones como marco normativo para nuestra Institución; adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas táser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña, igual trabajo igual salario.