Cuando una Administración hace caso omiso de las incidencias que sufre un colectivo determinado y lejos de establecer medidas tendentes a la solución de las mismas, se enroca en la desidia y la inacción, es cómplice del resultado de esas incidencias y por tanto culpable de ineptitud e incompetencia.
“Nos referimos a la Junta de Andalucía, aunque también se podría extrapolar a otras Comunidades dónde el modus operandi es similar. Continúan las múltiples agresiones que vienen sufriendo dos colectivos que trabajan de la mano en los Centros de Salud y Hospitales, como son el personal sanitario y el de los vigilantes de seguridad”, remarcan desde ANVISEPRI.
La provincia de Cádiz podría llegar a ostentar el récord de agresiones al personal sanitario y de seguridad. Aquí la Junta tiene para la seguridad de las instalaciones sanitarias a la empresa CLECE. Por activa, por pasiva y por todos los medios posibles la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad -ANVISEPRI, ha puesto y sigue poniendo en conocimiento de esta Administración las referidas agresiones que siguen produciéndose en estas instalaciones que son de gestión directa de esta referida Junta.
La respuesta es recortar personal de seguridad de las instalaciones sanitarias importándoles una higa las continuas faltas de respeto, amenazas y agresiones a su propio personal, a los usuarios y a los vigilantes que van quedando para custodiar las instalaciones y a los anteriormente mencionados.
En esta cruzada echan en falta la implicación de los Colegios Médicos, de los de Enfermería y de algún partido político .
La Junta remite a esta asociación al BOJA nº 132 de Julio de 2020 ,donde establece un protocolo frente a agresiones. Ya había uno anterior (2005) que era necesario actualizar ,pero ni este último es capaz de reducir o minimizar las citadas agresiones. Un protocolo que establece unas novedades con respecto al anterior y que desde la a) hasta la h), fija unos parámetros que difícilmente se aplican. Un ejemplo de ello es el “dimensionamiento de la plantilla de agentes de seguridad y sus sistemas de contacto con las distintas áreas en los centros, que garantice un apoyo rápido y efectivo. Es necesario que tengan capacidad para la retención e inmovilización de los agresores, si llegase el caso, hasta que llegue la Policía.”. Es obvio que la palabra “dimensionamiento”, no la han entendido, matizan.
Denuncian que la Junta no cumple con la Ley 2/1998 en su artículo 8.5 , tampoco con la Ley 55/2003 en el artículo 17 h. Ni con el Plan de Prevención de Agresiones a Profesionales, ni con el de Prevención de Riesgos Laborales.
En esa reunión que tuvo la Junta de Gobierno el día 7 de Julio de 2020, lo que sí se ve claro es que “tomaban conocimiento”, como así reza en el documento, lo que no acuerdan es dar una solución racional, contundente y necesaria a una lacra que por su continuidad se va viendo con más asiduidad de la debida.
En el otro extremo indican que hay algunas empresas de seguridad, en este caso la anteriormente mencionada, “que no parece interesarles la salud de sus trabajadores ya que no hacen nada para tratar de que al menos puedan tener una dotación acorde con el riesgo. Es impresentable el “despojarles” de cascos, sprays y escudos para guardarlos en una dependencia, mientras sus vigilantes deben actuar poniendo su cuerpo como escudo de esas agresiones. Lo irracional es que se pliegan a los caprichos del cliente obviando la propia seguridad del trabajador”, a la vez que añaden que afortunadamente existen todavía empresas de seguridad, no demasiadas, que sí les importa la salud e integridad física de sus trabajadores y apuestan por los elementos necesarios para la autoprotección de estos.
“Pensamos que apostar por la seguridad del trabajador no es un gasto, sino una inversión”.
Matizan que el anterior Consejero de Salud decía en respuesta a alguna agresión…”ante las agresiones, tolerancia cero”. Esto quedaba muy bien si se acompañaba de una puesta en escena a las puertas del Centro donde se había producido la agresión y la foto resultaba para “enmarcarla”.
No sólo hay que condenar estas agresiones, hay que trabajar más para tratar de minimizarlas estableciendo todos los medios necesarios y dejarse de tanta palabrería vana y vacía, resalta Juan Gómez, Presidente de Anvisepri, a la vez que sentencia “Predicar es una cosa y dar trigo otra”.
