Este sábado, miles de policías y guardias civiles de toda España, asistían a una manifestación en contra de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que entienden que, con los datos actuales proporcionados por el propio Ministerio del Interior, se observa un aumento desbocado en la comisión de delitos, prácticamente en todas sus tipologías, aumentan las agresiones y atentados contra los agentes, además de una pérdida de respeto a sus actuaciones, ante la falta de apoyo institucional y legislativo.
Según datos del Defensor del Pueblo, en 2021 fueron más de 14.500 las condenas a ciudadanos por resistencia o desobediencia y delitos de atentado contra la autoridad y sus agentes, mientras que la media de los últimos años no supera las 12.000, lo que representa un aumento del 20%, a falta de cerrar los datos de 2022, que parecen afianzar esta dinámica ascendente.
Desde IGC remarcan que vienen observando un aumento considerable de estos hechos delictivos, probablemente como consecuencia de la paulatina pérdida de autoridad policial de los agentes, al rebajar la presunción de veracidad de estos frente a los criminales y la falta de respeto y menosprecio, por parte de ciertos sectores de la sociedad. “Resulta clamorosa la impunidad con la que actúan los delincuentes, al verse en muchos casos amparados por superioridad numérica y por la soledad de la patrulla ante la tardanza de refuerzos”, remarcan.
“Desde hace unos años y con la última oferta de empleo público (OEP) 2022 para la Guardia Civil, de 1.671 plazas, (420 menos que en 2021), nuestro colectivo viene sufriendo, año tras año, una merma de efectivos que repercute en menor presencia en las demarcaciones, más grave, si cabe, en las zonas interiores y diseminadas”, denuncian desde IGC.
“Se reducen los efectivos policiales y no existen refuerzos cercanos en las zonas rurales, ya que en la mayoría de casos, una sola patrulla de Guardia Civil se hace cargo de una demarcación de más de 50 km, incluso cada vez es más habitual, que un componente, debe desplazarse varios km solo para formar patrulla, ante la falta de efectivos, exponiendo gravemente la seguridad de los agentes y comprometiendo el servicio que prestan”.
“Necesitamos mayor apoyo institucional y legislativo, para defender a quienes tienen la obligación de proteger”.
Inciden en que la aplicación del Código Penal ante estos episodios se traduce en pequeñas multas para los autores, incluso menores que las de seguridad vial y las estadísticas demuestran cómo el castigo penal resulta insuficiente para contener los crecientes ataques a estos funcionarios.
Desde IGC entienden que la Administración debe hacerse eco de tales episodios y se sensibilice en la necesidad de revertir esta situación, otorgando a los policías la consideración de autoridad y ampliando las escasas plantillas y el refuerzo policial en las calles, no derogando la actual ley de seguridad ciudadana, en detrimento del amparo de los agentes en las actuaciones policiales, evitando así la sensación de impunidad en la que vive el delincuente.
