La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores declara que, pese a haber denunciado reiteradamente que España presenta unos índices de siniestralidad laboral inaceptables, no se han producido avances al respecto. Esto ha provocado que, en el primer semestre del 2021, hayan aumentado los accidentes con baja y la incidencia de los accidentes ocurridos durante la jornada laboral.
Señala que las deficiencias en la gestión preventiva de los riesgos laborales en las empresas, la elevada temporalidad y rotación, el exceso de carga de trabajo y el miedo al contagio están generando un aumento de los accidentes.
El sindicato exige un Plan de choque contra la siniestralidad laboral, acabar con la precariedad del mercado de trabajo, derogar las reformas laborales y abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad para paliar la lacra social que suponen los accidentes laborales.
El sindicato UGT ha realizado un análisis de los datos de avance facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes al primer semestre de 2021. Estos, una vez más, confirman que las personas se juegan su integridad física y psicológica por el simple hecho de ganarse la vida, ratificando así la urgencia de las medidas propuestas por el sindicato en materia de prevención de riesgos laborales.
La organización sindical señala que solo en la primera mitad del 2021 se han producido 530.533 accidentes de trabajo. De ellos, 262.355 han causado la baja laboral del trabajador y 268.178 no han producido incapacidad. Estas cifras suponen un aumento muy significativo con respecto al mismo período del año anterior (del 19,5% y del 12,2%, respectivamente) y ponen de manifiesto las severas deficiencias en la gestión preventiva de los riesgos laborales en las empresas de todos los sectores.
En este sentido, hace hincapié en que, tras el parón de actividad del 2020, la siniestralidad vuelve a ser una plaga en aquellas actividades que tradicionalmente registraban más accidentes. La construcción, por ejemplo, alcanza los 30.498 accidentes con baja en jornada (+20%) y la industria manufacturera registra 36.909 casos (+13%); pese a ello, las actividades sanitarias y de servicios sociales son las que presentan el mayor incremento del índice de incidencia, con un aumento del 39,4%.
En cuanto a los fallecimientos, el sindicato indica que 334 personas trabajadoras han fallecido durante el primer semestre del 2021 (20 personas menos). No obstante, se han incrementado los fallecimientos en el sector servicios (+5%) y se han producido 57 muertes en jornada en el transporte y almacenamiento (3 personas más); 51, en la construcción; y 42, en la industria manufacturera. El comercio, por su parte, es la sección de actividad que presenta un mayor número de muertes en valores absolutos, con 12 fallecimientos más.
UGT subraya, junto a esto, que 227.665 de los accidentes laborales que causaron baja se produjeron durante la jornada de trabajo (+17,7%), frente a los 34.690 que fueron registrados in itinere. Estos datos confirman, por tanto, que el problema está, fundamentalmente, en los lugares de trabajo y en las condiciones en las que la persona trabajadora desarrolla su actividad.
Es inaceptable que los trabajadores sigan muriendo por ganarse la vida
UGT denuncia que la reactivación económica está trayendo consigo un incremento generalizado de los accidentes de trabajo. Esto viene dado, principalmente, por la indudable relación entre la precariedad laboral y la siniestralidad.
El aumento del 45,6% (en el número de accidentes laborales) y del 39,4% (en la incidencia de los accidentes con baja en jornada) en las actividades sanitarias y de servicios sociales es el perfecto ejemplo de esta relación. El COVID-19, sin duda, ha provocado grandes estragos entre los y las profesionales del sector, pero no más que la elevada temporalidad y rotación, el exceso de carga de trabajo y la falta de medios materiales y humanos. Estas condiciones inasumibles están generando un aumento de los accidentes laborales al que se debe poner fin con urgencia.
Otra trágica muestra de esta situación es la que está viviendo el sector servicios. No es concebible que en seis meses hayan muerto ya casi 150 trabajadores en el sector. El sindicato asevera que la alta temporalidad en la contratación provoca que muchas personas trabajadoras no reciban la formación necesaria en materia preventiva y que muchas empresas tampoco vigilan la salud de su fuerza de trabajo. UGT condena esta situación, pues viola la Ley de prevención de riesgos laborales y deja en una situación de vulnerabilidad a miles de trabajadores y trabajadoras.
La organización sindical, por todo lo anterior, insta al Gobierno a derogar las reformas laborales de forma urgente, así como a abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas que pongan fin a esta crisis.
Es el momento de actuar para no seguir lamentando más muertes en el trabajo como, por ejemplo, las de los dos trabajadores que fallecieron esta semana en Burgos tras caer desde 10 metros al colapsar el tejado sobre el que estaban. En este caso, dos personas han pagado con su vida la falta de medidas preventivas, la precariedad y, en definitiva, el incumplimiento de la ley, algo que no tiene cabida en el tejido productivo al que debemos aspirar.
UGT, para evitar que se repitan tragedias que afecten a la salud y a la seguridad de las personas trabajadoras, reitera su propuesta de articular de forma inmediata un Plan de choque contra la siniestralidad laboral. Entre las líneas de este, urge, no pueden faltar la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales, pues la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.
El sindicato, sin embargo, hace énfasis en que, además de leyes, son necesarios medios humanos y materiales para hacer que se cumplan. Por tanto, es imprescindible reforzar la Inspección de Trabajo para que vigile la aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo. Además, tenemos que alcanzar la ratio recomendada por la OIT de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores y trabajadoras para garantizar que se protege la salud y la seguridad de las personas.
