La ausencia de protocolos operativos para la gestión de los inmigrantes que llegan en pateras y deben guardar cuarentena, así como las trabas para un acceso ágil y prioritario a los test de diagnóstico están aumentando exponencialmente el riesgo de contagio por Covid-19 en la Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía denuncia que esta vulnerabilidad sanitaria a la que se enfrentan los agentes está afectando al número de casos de contagio registrado en las últimas semanas, que aumenta porque no se dispone de unas directrices aplicables a todas las plantillas para minimizar el riesgo de exposición de los policías. En este sentido, los agentes destinados en las zonas con mayor presión migratoria por la llegada de pateras se han convertido en un colectivo más expuesto a un posible contagio.
Es el caso de los policías del puesto fronterizo de Tarifa (Cádiz), que deben afrontar el traslado de los inmigrantes hasta el CATE de San Roque con un número de efectivos no adecuado al volumen de pasajeros custodiados y en régimen de detención que, por otra parte, son desplazados en un autobús no preparado para garantizar la protección sanitaria -a bordo del mismo se obliga a ir a un solo policía, con el conductor- y sin conocer las enfermedades que pueden ser susceptibles de transmisión. El responsable policial de ese puesto fronterizo, con el beneplácito de Comisaría Provincial de Cádiz ante la que el SUP ya ha presentado la pertinente queja pidiendo en esa y en las demás incidencias unas pautas de actuación claras y que abarquen todos los escenarios posibles, está permitiendo que los funcionarios asuman una conducción de personas detenidas con escasez de efectivos, sin medidas de protección y sin informar a los agentes de los riesgos.
Los riesgos de contagio por Covid-19 no sólo son propios de las plantillas más expuestas por la presión migratoria (Canarias, Andalucía, Murcia, Islas Baleares) sino que ya han comenzado a tener sus efectos entre las Unidades de Intervención Policial (UIP), que se desplazan como refuerzo para la vigilancia de la cuarentena sanitaria de los inmigrantes y siguen teniendo trabas para un acceso inmediato y prioritario, como colectivo de alto riesgo, a los test de Covid-19. A su regreso a sus respectivas plantillas, los funcionarios de la UIP no están siendo sometidos a estas pruebas y eso supone un riesgo injustificable para ellos y sus familias. En el caso de la VIII UIP, sus efectivos han retornado a Vigo y A Coruña y no han podido acceder a estos test por el temerario desentendimiento del Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Galicia y la Jefatura Superior, teniendo en cuenta que la Xunta de Galicia ofreció firmar un convenio para proporcionar atención prioritaria sanitaria a los policías en materia de diagnóstico por Covid-19, siendo rechazada esa oportunidad en lo que el SUP solo puede calificar como un error intolerable y un desprecio hacia los profesionales de la seguridad pública.
En otra de las plantillas con una de las mayores presiones migratorias de España, Almería, no hay equipos de protección individual para toda la plantilla de policías y el riesgo de contagio en las instalaciones del CATE -que no tiene un aforo concreto, como ha denunciado el SUP- es extremadamente alto, no disponiendo además de ningún protocolo específico, más allá de las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Hasta la fecha son 3.112 inmigrantes llegados a esa provincia por mar, a bordo de 269 pateras.
Pero, sin duda, son Ceuta y Melilla las plantillas en las que se está viviendo una situación límite por la combinación de crisis migratoria y sanitaria. Los asaltos violentos al vallado fronterizo se unen al cierre de fronteras con Marruecos y la saturación de los CETI, desbordados en capacidad de acogida y con un número de internos que genera riesgos de orden público provocados por elementos violentos. En Ceuta el índice de ocupación del CETI supera el 63% y en Melilla se está duplicando la capacidad máxima de 782 internos para alcanzar los 1.354 (habiendo casos positivos, además, se permite la salida y entrada de los ocupantes sin ninguna medida de prevención sanitaria), con saltos del vallado de hasta 300 inmigrantes y un número considerable de menores marroquíes que se encuentran internos en la plaza de toros.
Las Islas Canarias están viviendo la peor presión migratoria de toda España, de tal forma que hasta el 15 de agosto se ha incrementado en un 520% el número de inmigrantes llegados vía marítima respecto al mismo periodo de 2019. En las últimas horas, han sido más de 200 los que han llegado a la costa del archipiélago.
Finalmente, las malas condiciones de instalaciones y recursos humanos con las que se afronta en Murcia la presión migratoria nos han llevado a mantener una reunión con la Delegación del Gobierno para exigir mejoras en el trabajo de los policías nacionales. Una reclamación que se ha producido también ante las autoridades policiales de Almería, Málaga y Alicante, dándose en esta última provincia la circunstancia de que los inmigrantes que llegan a las costas de la Comunidad Valenciana son trasladados allí en lo que supone una sobrecarga de trabajo sobre una plantilla con un número de efectivos limitados para atender las necesidades de servicio.
Desde el SUP exigen a la Dirección General de la Policía una política preventiva mucho más activa, que se anticipe a los riesgos y aproveche todos los recursos sanitarios públicos (no solo los privados) para que todos los agentes que lo necesiten accedan a pruebas de diagnóstico y sepan, además, si los inmigrantes con los que tratan están contagiados o no por el virus. El incremento del riesgo de contagio por la llegada de inmigrantes supone un vector de contagio ante el que Interior no puede mirar hacia otro lado porque los test de las compañías médicas privadas son insuficientes y el procedimiento de acceso es lento.
Por todo ello, han instado nuevamente a que se reúna el grupo de trabajo entre la DGP y los sindicatos de Policía Nacional para exponer todas estas quejas sin que hasta la fecha la Administración haya respondido, pese a la urgencia de la materia, su impacto en la salud de los agentes y sus familias y al evidente incremento de riesgo por contagio que estamos viviendo en toda España. En definitiva, necesitamos con carácter de urgencia protocolos operativos para la gestión de los inmigrantes que llegan a nuestras costas y acceso masivo y ágil a pruebas de diagnóstico de Covid-19.
