El secretario general de JUPOL denuncia la desprotección, abandono y desamparo legal en la que quedan los miembros de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando en el uso legítimo de la fuerza como policías nacionales, deben hacer uso del arma reglamentaria, siendo habitual que los agentes acaben con imputaciones judiciales.
Este viernes cientos de policías de diferentes cuerpos policiales se concentraron en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en apoyo a los tres agentes de la Policía Nacional, destinados en el barrio madrileño de Vallecas, que el pasado 26 de noviembre de 2021, en el transcurso de una intervención policial repelieron una agresión violenta con cuchillo con sus armas reglamentarias. Una actuación policial ajustada a derecho y en la que se cumplió perfectamente con la normativa fijada, pese a lo cual, el juez de instrucción ha decidido imputar un delito de homicidio a los tres policías.
Un proceso judicial, que comenzaba hoy con la comunicación del juez de la apertura de juicio oral con jurado popular, pero que ha sido pospuesta para el próximo día 13 de enero.
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero asegura que “desde su organización, como no puede ser de otra manera, se ha puesto a su lado desde el primer momento prestando apoyo jurídico, poniendo a un abogado a su disposición y del mismo modo poniendo a su disposición el gabinete psicológico del sindicato”.
Durante la concentración, el sindicato JUPOL ha desplegado frente a los juzgados de Plaza de Castilla tres grandes cruces que “simbolizan la situación de desamparo, abandono y desprotección en la que el Gobierno, la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior sitúan a la Policía Nacional cada vez que un compañero debe recurrir al uso de su arma de fuego reglamentaria, de manera legítima, para evitar una acción violenta” y ha añadido Rivero “simbolizan también la manera en la que la justicia pone en el ojo del huracán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, en vez de hacerlo en los violentos que alteran la paz”.
“Estos hechos y otros similares se podrían evitar, si desde el Gobierno, desde el Ministerio del Interior y desde la DGP no nos hubieran dejado en una situación de desamparo, de abandono y de desprotección, y se hubieran preocupado de llevar a cabo las tres reivindicaciones de JUPOL en este sentido: la distribución de pistolas Táser, la actualización de Plan Nacional de Tiro y la implantación de un servicio de asistencia psicológica y jurídica para los policías nacionales implicados en este tipo de situaciones”, remarcan desde este sindicato policial.
Para concluir, Rivero ha asegurado que “nuestra paciencia tiene un límite, estamos hartos de ser la cabeza de turco de la falta de previsión y de la falta de planificación del Gobierno y de la DGP. No podemos consentir que nos criminalicen por hacer nuestro trabajo, que intenten convertir a la policía en delincuentes” y ha exigido al Gobierno que “deje de señalar como apestados a los funcionarios públicos que desempeñan su labor con la mayor profesionalidad”.
JUPOL va a pedir el sobreseimiento de la causa y asegura que “este procedimiento es punto de inflexión” y “si estos policías son condenados en este procedimiento, la Policía Nacional no puede tener habilitación para usar el arma” ha remarcado el abogado de JUPOL.
