El procedimiento se inició por una investigación interna ordenada por el Coronel Jefe de la Comandancia tras recibir informaciones que apuntaban a que en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas se estaban dando una serie de irregularidades que señalaban de manera directa al Jefe del GEAS de Melilla.
La asociación APROGC informa que el Juzgado nº 3 de Melilla ha puesto fin a la investigación iniciada en el año 2019 por unas supuestas irregularidades en las partidas económicas que se destinaban al mantenimiento de las embarcaciones del grupo de la Guardia Civil encargado de vigilar la frontera marítima española y europea.
El procedimiento se inició con la orden del Coronel de instrucción de una Información Reservada en relación con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de Melilla de la Guardia Civil, donde supuestamente se estaban dando una serie de irregularidades denunciadas por varios miembros de la unidad.
Jefe GEAS cesado y sustituido por uno de los denunciantes
En base a las conclusiones provisionales del instructor de la Información reservada se produjo la apertura de varios expedientes disciplinarios contra el que era entonces el Jefe del Grupo GEAS, que supusieron la inmediata suspensión de empleo y sueldo, a la espera de resolución definitiva en cada uno de los asuntos, y su inmediata sustitución en el cargo por uno de los denunciantes, informan desde esta asociación de guardias civiles.
Remarcan que dicha “información reservada” originó la investigación contra el mismo por un presunto acoso a un grupo de sus subordinados, entre los que se encontraba el agente que lo sustituyó en el mando, así como la investigación de un supuesto incidente de buceo ocurrido en una de las actividades marítimas llevadas a cabo por la unidad y sufrido por otro guardia civil, además de a la investigación llevada a cabo por la policía judicial por unas presuntas irregularidades económicas que se habían producido en el mantenimiento de los barcos del grupo GEAS de Melilla.
Una veintena de guardias civiles investigados
En relación con las irregularidades contables en los fondos de la Guardia Civil, desde que se inició la investigación en el año 2018, se decretó por el Juzgado nº 3 de Melilla el secreto de las actuaciones hasta que a finales del año 2020 resultaron investigados una veintena de guardias civiles (algunos de ellos denunciantes) y un empresario de la ciudad siendo citados otros tantos guardias civiles de toda España, todos vinculados con el GEAS de Melilla.
Falta de indicios de tres delitos
En concreto, se investigaba si se produjo un delito de falsedad documental por unas supuestas facturas falsas en la compra de aceite para las embarcaciones, un delito de desobediencia a la autoridad judicial por la posible manipulación y movimiento de una de las embarcaciones hallándose precintada y a disposición judicial, un delito de estafa llevada a cabo por los Guardias Civiles en connivencia con algunos empresarios de la zona por facturar trabajos teóricamente no realizados, indican desde APROGC
Facturas falsas
Apuntan a que uno de los hechos investigados era la supuesta adquisición de aceite para motor facturando gasolina para embarcaciones oficiales del GEAS haciendo uso para ello de facturas manuscritas presuntamente falsas. Sin embargo, los denunciantes no se han ratificado en el Juzgado y se han evidenciado contradicciones en las que habría incurrido un testigo principal, por lo que la Jueza instructora concluye que no existe prueba objetiva de delito.
Continúa afirmando la Jueza que tampoco han sido corroboradas las supuestas irregularidades en las facturas manuscritas, puesto que los datos de la plataforma de información telemática usada por la Guardia Civil (“SIGO”) no es completamente fiable, al no estar auditados por un tercero imparcial que pueda corroborar la ausencia de omisiones o la exactitud de los datos incluidos en el sistema. Tampoco se han aportado pruebas de que se haya causado perjuicio alguno a la propia Guardia Civil respecto del consumo de aceite para motores de las embarcaciones oficiales.
Desobediencia
También se investigaba el supuesto uso de una embarcación que se encontraba precintada y a disposición judicial sin la debida autorización judicial. Algo que también ha quedado desmentido, no constando que la embarcación fuera usada en contra de la decisión judicial, sin que existan indicios de la presunta comisión de un delito de desobediencia a autoridad judicial.
Estafa
En relación con esa misma embarcación, se investigaban también los trabajos de patente o imprimación facturados y presuntamente no realizados y los trabajos de Power Trim de la embarcación también facturados y supuestamente tampoco realizados, con intención de enriquecerse.
A pesar de las acusaciones iniciales, valoradas por el Juzgado las distintas diligencias de investigación practicadas, no existen indicios suficientes que acrediten que los trabajos indicados no se hayan realizado. No existe ningún documento, declaración o testigo que pueda acreditar la existencia de un acuerdo encaminado a enriquecerse personalmente a costa de facturar a la Guardia Civil reparaciones de embarcaciones que realmente no se han producido. Por último, se investigaba la supuesta obtención y utilización de material intervenido por el GEAS sin la correspondiente autorización judicial. Concretamente, se investigaba la utilización en una embarcación oficial de un motor que le fue quitado a una embarcación intervenida. En este sentido, se concluye por el Juzgado que no existe indicio alguno que acredite que el cambio de motor se haya realizado sin autorización judicial que concediera el uso.
Cuatro años de graves acusaciones
En definitiva, la investigación llevada a cabo por el Juzgado ha dado lugar a entender que no existían indicios que permitiesen entender realizado ninguno de los delitos por lo que, finalmente, se ha decretado el sobreseimiento y archivo del procedimiento, habiendo quedado demostrada la legalidad de las operaciones realizadas.
En todo este tiempo, el Jefe del GEAS ha sido declarado sin responsabilidad en un expediente disciplinario tras ser acusado de encubrir un accidente de buceo que según la resolución nunca se produjo.
Indemnización por daños y perjuicios
APROGC informa que tras haber quedado claro en el otro expediente disciplinario que nunca se produjo acoso laboral, se conoció la sentencia del Tribunal Militar Central a favor del Jefe del GEAS, representado por los servicios Jurídicos de PENALTECH, asesoría jurídica de la asociación de Guardias Civiles APROGC, estimando el Tribunal que el cese no se ajustaba a derecho y que se había incurrido en una errónea valoración de la prueba, ordenando su reincorporación y la indemnización por el tiempo durante el que éste había sido cesado. Por todo ello se ha pedido a la administración la indemnización de 170.000 euros en calidad de daños y perjuicios.
En palabras del abogado Francisco Peláez, de PenalTech, “no todo lo que ocurre en los juzgados es realmente “justo” pero, en este caso, tras un difícil y duro camino padecido por el condecorado Brigada, hemos conseguido demostrar la verdad que no es más que el hecho de que no existía ningún fundamento para mantener las graves acusaciones formuladas en su contra y que es completamente inocente de todo lo que ha sido acusado”.
En palabras del tribunal Militar Central:
“…no existen, a nuestro juicio, elementos –más bien lo contrario– para responsabilizar en exclusiva al Brigada… y a su estilo de mando de la fragmentación descrita…
…El estilo de mando del Brigada pudo contribuir al conflicto, pero junto con las otras concausas que hemos expresado, y no de forma principal…
…y en cuanto a las testificales acusatorias, que han quedado ampliamente desvirtuadas por la abrumadora prueba de las demás testificales…
…Efectivamente…la pericial y las testificales practicadas en el expediente disciplinario no han sido debidamente valoradas por la administración sancionadora…”
