La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones –APFP– en un comunicado firmado por su presidente nacional, D. Francisco Javier López, rechaza de forma tajante la visión que desde distintos medios de comunicación se está dando del colectivo penitenciario.
Denuncian que se han vertido acusaciones de malos tratos que no comparten que no les identifican, sacando fuera de contexto situaciones como “generalizantes” y “estigmatizantes” para todo el colectivo de funcionarios de prisiones, por lo que solicitan la intervención de forma inmediata del Ministro del Interior.
APFP demanda el “derecho a la presunción de inocencia” de todas las personas, “incluidos los funcionarios de prisiones”.
“No nos vamos a pronunciar sobre aquellas actuaciones que se encuentran en los Juzgados, respetando la acción de la justicia. Lamentamos que la Administración Penitenciaria haga referencia a circunstancias que no han dado pie a ningún tipo de actuación, no encontrándose investigadas por los Juzgados de Arganda del Rey (partido judicial de la prisión de Estremera), ni administrativamente a través de expedientes disciplinarios y, sin embargo, se les de publicidad con espurios intereses“.
Desde APFP quieren dejar constancia a la opinión pública que en dos de las cuatro actuaciones que el Ministerio del Interior está investigando por supuestos malos tratos “no se han apreciado ningún tipo de lesiones” para con los reclusos afectados.
Con respecto a lo denunciado en el diario El País del día 11/11/2020, “Instituciones Penitenciarias abrió las últimas pesquisas la semana pasada, tras denunciar un recluso que había sido golpeado en su celda por un funcionario”, APFP denuncia que estamos ante una supuesta denuncia falsa, instrumental y manipulativa desde la Dirección del Centro para desviar su responsabilidad ante su negligente gestión, queriendo responsabilizar a la Jefatura de Servicios, responsables de la vigilancia y seguridad interior de la prisión.
Según informa este sindicato en su comunicado, al referido recluso se le intervino un teléfono móvil de grandes dimensiones, objeto prohibido dentro de la cárcel, el pasado día 01/11/2020 encima de la cama de su celda, estamos ante un interno de confianza que venía desempeñando desde hace años destinos en el departamento de Aislamiento (máxima seguridad) y de Ingresos, produciéndose la incautación previa denuncia de unos ciudadanos que se acercaron al centro penitenciario para comunicar que estaban sufriendo supuestas amenazas telefónicas desde el interior del centro por el referido preso.
De las actuaciones realizadas para investigar lo sucedido no se han apreciado por los servicios médicos del centro “lesiones” al recluso y, de las declaraciones del resto de internos y de funcionarios no han puesto en duda que la actuación llevada a cabo por dos Jefes de Servicios haya sido impecable
Sin embargo, bajo la protección del equipo directivo, el interno que se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por asesinato ha sido destinado a un departamento para internos preventivos primarios y sin sanciones. Tras este revés, las actuaciones de la dirección del Centro, al parecer, van encaminadas ahora en denunciar una supuesta divulgación de datos de identidad (apellido) durante el registro de otro Jefe de Servicios, con el cual se le relaciona este preso como confidente.
Para APFP es incomprensible que el Sr. Ortiz, al frente de nuestra Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, ante la gravedad de los hechos, mantenga una actitud pasiva, cuando no colaboradora, vertiendo de forma interesada informaciones sesgadas, sacadas de contexto, dejando en la más absoluta desprotección a los más de 23.000 trabajadores que formamos el colectivo penitenciario.
Desde APFP quieren manifestar su apoyo “sin fisuras” a la labor de los funcionarios de Madrid VII Estremera. Exigen respeto a su profesión, a su dignidad y relevancia en la toma de decisiones, pues a pesar del desconocimiento de su labor para una parte de la sociedad, son servicios esenciales que trabajan con y para en beneficio de los reclusos. “No podemos seguir siendo el disparadero, blanco último de sus acusaciones, directas o veladas“.
Como consecuencia de una irresponsable e interesada campaña contra su colectivo quieren remarcar que su actuación profesional se enmarca sin ninguna fisura dentro legalidad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y de los derechos humanos.
El ruido mediático no puede poner en duda la encomiable labor de todos los que mantienen el sistema de penitenciario. La buena praxis, la implicación y el esfuerzo personal y colectivo súpera la escasez de personal y no puede ser puesta en tela de juicio desde el desconocimiento y la parcialidad de quienes buscan notoriedad en unos casos y mayor volumen de lectores u oyentes en otros.
Su trabajo de reinserción se sustenta en la necesidad de individualizar la atención adecuándose a las características de cada recluso/a. Para ello son necesarios recursos específicos, para atender los casos de trastornos de conducta, adicciones, etcétera, en número suficientes de los que lamentablemente hoy en día carecemos.
En el interior de los 107 Establecimientos Penitenciarios (69 centros penitenciarios, 33 CIS -centros de inserción social-, 2 psiquiátricos penitenciarios y 3 Unidades de madres) en el ámbito del ministerio del Interior (las prisiones de Cataluña tienen transferidas las competencias) tenemos como misión el mandato constitucional de la reeducación y reinserción de las personas condenadas a penas de prisión, así como proteger el ejercicio de sus derechos y libertades y garantizar su seguridad dentro de la más estricta legalidad. La atención que se dispensa a los 1.100 presos/presas en el centro Penitenciario de Estremera se apoya, tanto en la profesionalidad contrastada de las y los trabajadores penitenciarios como en su dilatada experiencia en la atención a estos perfiles delictivos de las personas privadas de libertad.
Los funcionarios de prisiones cumplimos nuestra misión de afrontar situaciones de alta conflictividad y, de grave riesgo para nuestra vida, con la profesionalidad que nos ha caracterizado siempre, basada en los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y en defensa del orden y la seguridad en el interior de los recintos penitenciarios.
“La actual Administración Penitenciaria está demostrando, una vez más, el absoluto desprecio a todo el colectivo. Acontecimientos, actuaciones y falta de decisiones políticas del tipo de los mencionados ha dejado en evidencia que se ha llegado a un punto de no retorno en el que los profesionales penitenciarios con la perdida totalmente la confianza en los actuales responsables penitenciarios”.
Por eso, desde APFP, piensan que es necesario que se produzca un relevo de todo el equipo que integra la Subdirección General de Análisis e Inspección, a cuyo frente se encuentra don José María Pérez Peña, ante la inacción frente a este tipo de episodios en esta prisión, que en los últimos cinco años ha registrado 41 denuncias, y que ha dejado seriamente damnificada la profesionalidad de sus trabajadores.
Todo ello, APFP solicita la intervención del Ministro del Interior con un nuevo equipo directivo al frente del Centro Penitenciario de Estremera y, sobre todo, en un tiempo razonable, que afronte una nueva etapa en condiciones de ofrecer soluciones eficaces y de mayor transparencia, dignificando la excelente labor profesional de la que siempre han sido ejemplo sus trabajadores.
