El sindicato de Policía Nacional CEP llevará nuevamente a la Dirección General de la Policía a los tribunales por otorgar la medalla de plata pensionada a 10 comisarios que, a su juicio, no reúnen los requisitos para recibirla.
Los representantes policiales ya había anunciado que llevaría a la Dirección General de la Policía a los tribunales si persistía en su intención de otorgar estas medallas que en sede judicial fueron anuladas en sentencia firme.
Interior vuelve a la carga y propone para la máxima condecoración pensionada en vida de un policía a una decena de ex mandos jubilados, entre ellos siete a los que los tribunales tumbaron las medallas concedidas por Grande-Marlaska.
Y es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha condecorado a una decena de ex mandos jubilados en 2020 y 2021 -nueve comisarios principales y un comisario- con la máxima recompensa profesional que puede recibir en vida un policía nacional, una medalla de plata, y que comporta, además, una pensión vitalicia que supone unos 223 euros mensuales y otros casi 9 euros mensuales más por cada trienio de carrera profesional que tengan.
Recuerdan que todos ellos cesaron en su carrera profesional en la Policía Nacional por haber cumplido los 65 años de edad y que ahora han sido elegidos para recibir este premio de fin de carrera sin que se den los requisitos necesarios para un reconocimiento de este tipo.
Se da la circunstancia, además, de que siete de estos diez agentes jubilados ya fueron propuestos para esa medalla de plata en 2020 y 2021 y que diferentes órganos judiciales -el último, en demanda planteada y ganada, entre otros, por CEP, fue el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº11, en mayo de este año- han tumbado las órdenes ministeriales del titular del departamento al considerar que no se ajustaban a la normativa procedimental y que los agraciados o bien no reunían los requisitos necesarios o que la Dirección General de la Policía había vulnerado los pasos necesarios para poder entregar un reconocimiento de máximo nivel a estos ex mandos.
El sindicato CEP alertó al ministro del Interior por carta, el 17 de agosto, de toda una serie de circunstancias que desaconsejaban firmar de nuevo estos premios profesionales pensionados de fin de carrera a mandos jubilados en 2020 (cuatro de ellos) y 2021 (otros seis).
En este sentido, le indicaban que tomara en consideración “todas estas circunstancias a la hora de formarse un juicio de idoneidad y oportunidad para que no sea necesario someter nuevamente estas condecoraciones, una vez que adquieran firmeza con la publicación de la Orden ministerial correspondiente, a la supervisión de los órganos judiciales que, en su caso, pudieran nuevamente, y por tercera vez, anular los actos administrativos del ministro del Interior por apartarse del principio de legalidad que debe informarlos en este orden jurisdiccional”.
Además, recordaban a Grande-Marlaska que esta grave y polémica iniciativa supone “reintentar condecorar a siete ex mandos policiales y hacerlo con otros tres, jubilados desde hace bastante tiempo y por hechos concretos que, en cualquier caso, fueron muy pretéritos a la pérdida de la condición de funcionario en activo y en los que no se produjo su participación directa e inmediata sino, en todo caso, una genérica función de supervisión”.
Señalan que nada de eso ha sido teniendo en cuenta por Interior a la hora de volver a la carga con una polémica que desacredita el sistema de concesión de recompensas profesionales en la Policía Nacional y que recupera e impulsa prácticas del pasado, de etapas que este Gobierno reiteradamente ha rechazado y repudiado pero que ahora, con esta decisión, abraza y revive.
Informan que las propuestas de medalla de plata para estos ex mandos jubilados -siete ex jefes superiores, un ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, un ex comisario general de Policía Judicial y un ex jefe de la brigada provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid- empañan cientos de intervenciones meritorias y arriesgadas que han protagonizado policías nacionales en activo que se juegan la vida en las calles de toda España y que, una vez más, no han sido reconocidas por Interior, que mantiene como normativa de referencia en este ámbito una Ley de hace cincuenta y ocho años, aprobada en plena dictadura y nunca actualizada por sucesivos gobiernos para democratizarla e imponer en ella principios como la transparencia y la objetividad.
Lejos de ello, incide este sindicato, se ha preferido utilizar un atajo para tratar de eludir el freno judicial que anuló las medallas de plata concedidas en 2020 y 2021, en lo que solo puede entenderse como una actitud reiterativa de desprecio a los policías nacionales y su trabajo, empañando la concesión de otras 2.732 condecoraciones de este año -49 cruces rojas pensionadas, 2.767 cruces blancas y 6 cruces blancas a compañeros fallecidos- y obviando a todos aquellos que no han recibido un reconocimiento profesional, estando en activo.
Pese a las reiteradas quejas por escrito del sindicato CEP ante Interior y la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional -esta última les respondió el 16 de agosto que “como superior jerárquico de Jefes Superiores de Policía y miembros de la Junta de Gobierno, es el Director Adjunto Operativo la única autoridad policial competente para realizar dichas propuestas”.
“Lo cierto es que se ha abierto paso un nuevo premio de fin de carrera a determinados mandos jubilados de la Escala Superior que no han protagonizado personalmente hecho alguno de riesgo vital en su último año de servicio o, ni mucho menos, estando ya jubilados”.
CEP recurrirá de nuevo a los tribunales y tratará de anular este acto, como ya lo hicieron en 2021
Además, si nuevamente , y por tercera vez, en ese caso- se anulan estas condecoraciones, ya anuncian que someterán esa decisión al análisis de juristas que puedan determinar si esa persistencia y reiteración pueda tener consecuencias tipificadas en el Código Penal.
Y es eate sindicato ha dicho basta, y reclamará en los tribunales justicia, así como la devolución del dinero abonado por la concesión de estas medallas y sus intereses legales, remarca que llegará hasta el final para depurar responsabilidades
Anuncian que se mantendrán vigilantes para que estas prácticas, propias del siglo pasado, no vuelvan a suceder dentro de la Administración policial, y que de verdad se reconozcan a los agentes que reúnen méritos suficientes para ser condecorados, a la vez que remarcan la importancia de poseer un gabinete jurídico solvente para poder reclamar ante la justicia cuando la administración se empecina en no darla, reclamando en sede judicial lo que a todas luces es un atropello reiterado.
