A un joven que recuperase la memoria tras muchos años de amnesia; sería muy difícil hacerle comprender racionalmente gran parte de lo que se encontraría en la actualidad en nuestro país. Si quisiera optar por alguna de las profesiones más dignas del mundo; aquellas que facilitan llenar la vocación de servicio público, por ejemplo: policía, guardia civil o militar; sería harto complejo explicarle circunstancias del siguiente tipo:
Que la mayoría de estas profesiones no se les ha querido reconocer todavía la categoría de personal esencial, durante el desarrollo de una guerra contra un virus que a día de hoy lleva más de 55.000 fallecidos, cuando son estos los que están en primera línea de batalla; y los que luchan día a día jugándose su propia vida y arriesgando la salud de sus familiares con los que conviven, en forma de posible contagio cuando llegan a casa después del trabajo.
Que existe un vicepresidente del Gobierno que se llama Pablo Iglesias, que ha dicho que “los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para combatir esta pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo; no son los policías ni los militares”.
Que este personaje quiere hacer creer, -por puro sectarismo ideológico-, que no son los policías y los militares, a quienes tal pareciera odiar, (pese a que le prestan escolta), los que están salvando la vida de decenas de miles de ciudadanos, por impedir que muchos irresponsables que no quieren respetar el confinamiento, y son obligados a acatar las normas sanitarias, pese a la negativa y desobediencia inicial…como ocurre a diario.
Que han sido y son los policías y los militares, los que ayudaron y ayudarán, llegado el caso, a limpiar las calles, las residencias de ancianos, los hospitales, y los que, sin intermediarios, custodian y trasladan a detenidos con el virus, y ayudaron en la primera oleada a reubicar fallecidos.
Habría que explicarle con la educación que al sr. Iglesias Turrón le falta, cuando se dirige y opina sobre estos funcionarios de carrera de la seguridad pública, que esas declaraciones suponen una intolerable falta de respeto, sensibilidad y reconocimiento a un colectivo ingente de más de 170.000 personas, hombres y mujeres, que se dejan el alma, y en ocasiones su propia vida; para combatir lo que políticos, como él, fueron y siguen siendo incapaces de gestionar con un mínimo exigible de coherencia, eficacia y profesionalidad.
No hay palabras para explicar, que, en la sede parlamentaria de nuestro país, un ministro de Interior, haya asegurado que: “la banda terrorista ETA HA TRAIDO LO MEJOR Y LO PEOR A ESTE PAIS”, y que, entre lo mejor, según él, señale la dignidad de las víctimas.
Se le olvida al sr. ministro; que esa banda terrorista, asesinó a más de 850 personas, y que no puede haber nada positivo que pueda provenir, ni mención tan siquiera, para la Democracia de este país, de esa lúgubre parte de la excrecencia humana que representa ese grupo armado, criminal y sanguinario.
Lo único que acarreó esa lacra infame ha sido: muerte, dolor, miedo, barbarie, exilio, viudas y huérfanos; y señalarle al sr. ministro que la dignidad a las víctimas no les ha llegado por la probada cobardía y totalitarismo de los integrantes de esa organización; ni mucho menos, sr. ministro; llegó por la ingente humanidad de las mismas, y por la impotencia contenida y el recuerdo perenne de los seres queridos a los que nunca más volverán a ver.
No estaría de más que en la siguiente ocasión que acuda al Congreso de los Diputados se retracte, y mencione palabras y frases, como MEMORIA, JUSTICIA, y; NI OLVIDO NI PERDÓN; eso es lo que se esperaría de Vd., pues es bastante más acorde con lo que se espera de un miembro del Consejo de Ministros de un país cuya base fundamental es el Estado de Derecho. Está a tiempo.
Estoy seguro que muchos funcionarios de la seguridad publica suscribirían, como quien firma este artículo; que estamos hartos que discutan los políticos, de lo que ha pasado hace 90 años; en el siglo pasado, en la Guerra Civil, en donde ni habíamos nacido; y que quieran pasar de puntillas sobre la barbarie de lo ocurrido hace muy poco y que muchos hemos vivido en primera persona: los asesinatos de ETA, muchos todavía sin resolver, con algunos de sus autores en busca y captura; sin ser juzgados y sin cumplir sus condenas.
Es sorprendente el comprobar como muchos de nuestros jóvenes con titulaciones universitarias de medicina y enfermería, han tenido que emigrar fuera de España a Alemania, Reino Unido, Canadá o EEUU, y aquí, ahora, no encontremos médicos ni enfermeros a quienes poder contratar en la peor crisis sanitaria de la historia moderna de nuestro país; esto lo sabemos los que trabajamos día a día con los centros sanitarios; algún político todavía no se ha enterado; es lo que tiene vivir en una burbuja, en un mundo paralelo irreal, entre escoltas, asesores interesados de lo suyo, pelotas, coche oficial, pisando moqueta, y no la calle, pero la calle de verdad; algunos viven en el mundo de yuppi.
No sería fácil encontrar palabras para explicar la rabia e impotencia que uno siente al comprobar como a quienes levantaron este país de verdad, en unas condiciones sociales, laborales, económicas e incluso de supervivencia, mucho más duras que las actuales ; nuestros mayores abuelos, les hemos dejamos morir solos, en ocasiones, literalmente abandonados en residencias de ancianos, por falta de medios y de dinero; sin que se les pudiéramos dar tan siquiera una sepultura digna tal y como se merecían, por lo que hicieron por nosotros y por nuestro país con sangre, sudor y lágrimas.
¿Cómo se puede explicar, que un alcalde haya modificado el nombre a un lugar emblemático de su ciudad, y lo ha sustituido por plaza del Coronavirus, sin que se le haya caído la cara de vergüenza; por la falta de empatía y sensibilidad que supone en estos momentos?, ¿pero alguien se puede imaginar que hubiera en el callejero de cualquier ciudad la plaza de la Lepra, plaza del Sida, plaza del Ébola, ni plaza de la Tuberculosis? ¿A quién, con un mínimo de sentido común o raciocinio se le puede ocurrir semejante dislate?
Que método pedagógico habría que utilizar para hacerle comprender a una persona mínimamente racional , que un policía o militar que fuera condenado por desobediencia a la autoridad se queda con antecedentes penales, sin sueldo, sin profesión, sin jubilación y sin honor; mientras el presidente de la Generalidad de la Comunidad Autónoma Catalana, por el mismo delito y con las mismas circunstancias, le corresponde de forma vitalicia: oficina propia con 3 secretarias a su servicio; 122.400€ de sueldo anual; jubilación de 92.000€ de pensión; una dotación presupuestaria para gastos en torno a 41.000€ anuales, coche oficial con chófer, y escolta?
Lo que sí es fácil de entender, es que, cuando se gane la batalla a este virus habrá sido gracias a esos más de 200.000 funcionarios públicos, que están combatiéndole sin tregua, a pesar de algunos de los políticos que nos dirigen en esos momentos, y aunque uno de ellos no lo quiera reconocer, y que ahí están incluidos, como esencialmente imprescindibles todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas; esto es; la policía y el ejército; entre otras profesiones, y decirles que no necesitamos para nada su reconocimiento, ni lo echamos de menos; nos sirve y nos basta con el sincero afecto que nos expresan los ciudadanos que tanto en el CIS, como en el día a día, nos estiman, consideran, valoran y aprecian por nuestra labor silente.
A ellos nos debemos y por ellos vamos a seguir luchando hasta ganar esta batalla, que no les quepa ninguna duda: nos costará, pero la vamos a ganar.
Autor: Javier Rodrigo Ordóñez | Inspector de Policía Nacional. Diplomado Universitario, profesor de primaria, especialidad Ciencias Humanas, Universidad de Oviedo. Master, Universidad de Salamanca.
Tw: @JaviRodrigo11
