El 60 por ciento de esas plazas no cubiertas se concentra en aquellos puestos que están en contacto directo con los internos y deben garantizar la seguridad en el centro.
El sindicato de trabajadores penitenciarios ACAIP-UGT remarca que los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior, de fecha 7 de diciembre de 2020, confirman la realidad que cada día se puede ver en la prisión de Picassent.
Pese a que están presupuestadas un total de 985 plazas de funcionarios en el centro, la realidad es que a esa fecha solamente estaban disponibles 836, es decir un 14% de los puestos de trabajo no están ocupados.
Desde el mes de Junio, por diversas circunstancias (fallecimientos, jubilaciones…) hay 37 trabajadores menos en el centro, y la distribución de esas vacantes es muy desigual por áreas:
- 85 corresponden al área de vigilancia interior (puestos en contacto directo de los internos).
- 38 son del área administrativa.
- 23 pertenecen al área sanitaria.
- 3 del área informática.
No se trata sólo de los fríos datos numéricos, cada día hay problemas para llegar a cubrir los servicios mínimos de trabajadores que debería haber en el centro, llegando incluso a estar por debajo de los servicios esenciales que se fijan, por ejemplo, en caso de huelga.
De hecho, se ha establecido un orden de prelación sobre en qué departamentos asignar un número menor de funcionarios de los previstos normativamente, lo cual supone poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, pero también la de los internos, llegando incluso a ser necesario suspender consultas médicas.
Tanto la Dirección del centro como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio contemplan la situación como si no fuera con ellos, sin tomar medidas:
- No se han destinado al centro un número de funcionarios en prácticas suficiente para, en la medida de lo posible, tratar de paliar esas carencias.
- No se han ofertado todas las plazas vacantes en los diferentes concursos de traslados que están pendientes de resolución (que ni siquiera permitirán reponer el número de trabajadores que cada año pasan a situación de segunda actividad, o se jubilan).
Esta situación ha provocado que un número considerable de trabajadores que estaban en el centro desde hace muchos años hayan pedido traslado a otras prisiones, porque en estas circunstancias es imposible trabajar.
Por ello es previsible que cuando esos concursos de traslados se resuelvan las carencias de personal se incrementen aún más.
Desde ACAIP-UGT han propuesto de forma reiterada varias soluciones:
- Trasladar con carácter de urgencia a unos 200 internos a otros centros penitenciarios que no tienen tanta sobreocupación, de forma que se pudieran cerrar módulos y, por tanto, reducir el número de funcionarios necesarios cada día.
- Cerrar el departamento que aloja a los internos más peligrosos, que además incluso el propio Defensor del Pueblo ha indicado que no reúne condiciones, de forma que esos funcionarios pudieran ser reubicados en otros.
Sin embargo, ninguna de las dos ha sido aceptada, sino al contrario, el número de internos en el centro no se ha visto reducido, y además se han traslado a Picassent recientemente internos muy peligrosos, con antecedentes de agresiones a funcionarios en otros centros.
“Es indignante el maltrato sistemático que sufre, también en materia de personal, el Centro Penitenciario de Valencia por los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.
Mientras el porcentaje de vacantes en el centro es del 14 por ciento, la media en las prisiones de la Comunidad Valenciana es del 11 por ciento y a nivel nacional del 13 por ciento.
“Quizá parte de la culpa sea también de la Dirección del centro que no hace lo suficiente para reclamar más efectivos, dejando a su suerte la seguridad de sus trabajadores y de los internos a su cargo”.