El Sindicato de prisiones ACAIP-UGT en un comunicado hace pública la denuncia interpuesta el pasado 12 noviembre ante la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana (que es quien tiene atribuida la competencia en materia sancionadora por el incumplimiento de la normativa de protección frente a la Covid-19 en el ámbito de la Comunidad Valenciana) por los hechos acaecidos durante los días 27 y 28 de octubre en la prisión de Albocàsser.
En dicha denuncia ponen en conocimiento de la Conselleria que el pasado 27 de octubre se autoriza por la dirección del centro penitenciario la celebración de una paella a la que asistieron 40 internos del módulo 14 y 6 trabajadores del centro.
Al día siguiente, 28 de octubre, la dirección del centro vuelve a autorizar otra paella a la que asistieron 43 internos de 2 módulos residenciales diferentes de la prisión y otros 6 trabajadores.
Tras la celebración de esta última, varios internos participantes en la misma fueron trasladados a otros módulos.
En la fecha de celebración de dichos actos estaba vigente lo dispuesto en la Resolución de 24 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acordaban medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que, entre otras, establecían:
→ La participación en cualquier agrupación o reunión de carácter familiar y/o social, se limitará a un número máximo de 6 personas, tanto en espacios públicos como privados.
→ La recomendación de cancelar o posponer cualquier actividad familiar o social que no sea considerada imprescindible y pueda ser aplazada.
→ La recomendación de limitar dentro de lo posible la actividad social.
“Resulta evidente que dichas paellas multitudinarias superaban las 6 personas, no eran imprescindibles y podían ser perfectamente aplazadas, por lo que se ha incumplido, a juicio de esta organización, lo dispuesto en la normativa sanitaria del Consell en el ámbito de la Comunidad Valenciana”.
“Es evidente, y así consta en todas las resoluciones y recomendaciones sanitarias, que la interacción social supone un relajamiento en el comportamiento de las personas, favoreciendo con ello las posibilidades de contagio”.
En el escrito de denuncia solicitan que se proceda a la apertura de un expediente sancionador para determinar si los responsables del Centro Penitenciario de Castellón II (Albocàsser) que han autorizado esos actos han incumplido la normativa vigente, y, en su caso, determinar las responsabilidades a que hubiera lugar.
Todo ello a tenor de lo dispuesto en el Decreto-ley 11/2020 del Consell en materia sancionadora por el incumplimiento de la normativa de protección frente a la Covid-19 en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Este sindicato se ve en la responsabilidad de denunciar ante los órganos competentes este tipo de hechos, que ponen en peligro la salud de todos, y en especial de los trabajadores y los internos del centro penitenciario.
ACAIP-UGT considera los hechos de una especial gravedad y deja en evidencia la incompetencia de la dirección del centro penitenciario de Castellón II.
Se adjunta justificante de registro de la denuncia, que puede ser utilizado libremente.
