La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, ha informado de la sentencia ganada por su servicios jurídicos a favor de un afiliado en el Centro Penitenciario de Albocasser.
Con fecha de 26 de marzo de 2018 se inicia el vía crucis para un funcionario de la prisión de Albocasser, un interno denuncia que el 2 de noviembre de 2017 el funcionario le había golpeado con un guante en la cara, se incoa juicio por delito leve celebrándose el 19 de febrero de 2020.
En la denuncia inicial manifiesta que es golpeado en la cara con unos guantes por un funcionario, siendo cambiada esta versión en el juicio llegando a afirmar que había recibido un puñetazo de este funcionario mientras era agarrado por otro funcionario, que pone de relieve la existencia de relevantes contradicciones en la versión de los hechos.
Los hechos probados son que el 2 de noviembre de 2017 tras un vis a vis con su hermano se le incauta dos paquetes, uno de hachís y otro de heroína que ocultaba en su recto y que entrego voluntariamente en la enfermería del centro penitenciario. No resulta probado que se le golpeará con un guante ni con el puño, por remisión del informe del médico del centro y del forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón en el que no consta ningún tipo de lesión, por lo que la resolución de la sentencia es absolver al funcionario acusado.
De acuerdo con los datos facilitados a través del Portal de la Transparencia, en 2019 se produjeron 63 denuncias por episodios de presunto maltrato cometidos por los empleados públicos sobre los internos, mientras que en 2018 fueron 111, que ninguna terminó en
sanción.
La gran mayoría de denuncias se producen por venganza o para conseguir un beneficio económico, pero que no tienen recorrido judicial al no existir pruebas o al producirse declaraciones contradictorias.
Para el funcionario/a, en cambio, se produce un vía crucis en la que se ve “criminalizado” por realizar su trabajo. Al iniciarse la denuncia, se inicia un procedimiento sancionador con una información reservada por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el esclarecimiento de los hechos, en la que el funcionario/a no dispone de asistencia jurídica en su declaración y que puede suponer la suspensión de empleo y sueldo, aunque no haya sentencia firme, hasta la absolución del funcionario. APFP ,siempre defiende el buen hacer y la profesionalidad de los funcionarios/as garantizando la asistencia jurídica a sus afiliados/as.
