No, no se trata de una noticia antigua, sino del reciente auto emitido por la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, donde se vuelve a desestimar los nuevos recursos de apelación presentados por varias oenegés contra la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción 6 de la ciudad autónoma del pasado 29 de octubre de archivar la causa abierta contra los 16 guardias civiles acusados del fallecimiento de 15 inmigrantes que pretendían alcanzar ilegalmente suelo español, el 6 de febrero de 2014.
Se trata de un auténtico calvario judicial que se ha prolongado en el tiempo más de 6 años, debido a las reiteradas denuncias efectuadas por varias onegés, que trataban de crimininalizar a toda costa a unos servidores públicos que lo único que hicieron, tal como reza en el nuevo auto inculpatorio, fue cumplir su deber: “Los investigados no crearon ningún riesgo, ya que la actuación policial (…) fue ajustada a los criterios generales de actuación de las fuerzas policiales de oportunidad congruencia y proporcionalidad”.
Aquel fatídico día, un grupo de antidisturbios altamente preparados de la Benemérita trataba de frenar el asalto a costas españolas de un grupo de 200 personas procedente de Marruecos. Tras numerosos avisos, los agentes procedieron a disparar pelotas de goma con sus bocachas de manera intimidatoria e impedir dicho asalto.
Pese a los actos de defensa policiales, 23 de los inmigrantes conseguirían llegar a territorio español, aunque serían devueltos inmediatamente al país vecino. Otros 15 inmigrantes que hicieron caso omiso a los avisos de la Guardia Civil, perecieron en el mar ahogados, aún en territorio marroquí. Ningún cuerpo presentó impacto de bola atribuible a su muerte.
La resolución de la Audiencia Provincial considera que “no hay prueba indiciaria que contradiga la afirmación de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones“. La utilización de material antidisturbios, continúan los tres magistrados que compenen la sala, fue “adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”. La actuación, continúa, tuvo “una finalidad disuasoria primero, y después de canalización“.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que ejercía la defensa del capitán que lideraba el grupo de guardias civiles, se ha felicitado por el auto y ha acusado a las asociaciones que ejercían la acusación de tratar de montar una “causa particular” para “menoscabar la imagen de la benemérita“. Los agentes, añade la Unión de Oficiales, “actuaron de conformidad con la legislación vigente, con toda diligencia e incluso evitando una situación aún más peligrosa”. “Ha quedado demostrado que los inmigrantes que decidieron actuar de aquella manera tan arriesgada eran conscientes de que, tal como habitualmente ha ocurrido en otros intentos de asalto, las fuerzas del orden españolas, en cumplimiento de la legalidad, harían lo necesario para impedirlo, asumiendo el riesgo que ello conllevaba, y sin que se haya puesto de manifiesto la existencia de indicios para calificarla como infracción de un deber objetivo de cuidado, para imputarles el resultado de muerte a título de imprudencia”.
Solo queda saber quién va restituir el buen nombre de la Benemérita y, en especial, de estos 16 agentes que aquel 6 de febrero de 2014, actuaron acorde a los principios básicos de actuación, impidiendo el asalto masivos de personas indocumentadas y defendiendo fervientemente las fronteras de nuestro país con absoluto respeto a las leyes.
