El uno de octubre de 2017 en Cataluña se celebró un referéndum ilegal que acabó con disturbios y con un terrorismo callejero que difícilmente se podrá olvidar. Miles de policías nacionales y guardias civiles fueron desplegados a la zona por mandato judicial para salvaguardar el orden constitucional.
Los asediaron, agredieron y amenazaron, siendo expulsados de sus hoteles y llegando incluso a negarles necesidades básicas como la comida y cualquier tipo de ayuda. Muchos policías con un amplio historial profesional dijeron haber vivido los peores momentos de su
vida.
Algunos de ellos fueron denunciados por sus actuaciones “desproporcionadas” al retirar las urnas de los colegios o proceder al cierre de los mismos. En los manuales que se repartían entre los independentistas se alentaba a denunciar agresiones ficticias para desacreditar a la policía.
Uno de los policías que han formado parte de este despliegue policial, con destino en Pamplona, y que ha acabado denunciado será defendido por el Sindicato Unificado de Policía, SUP, a través de los servicios jurídicos del bufete de abogados “Chaverri & Loitegui” al frente del cual está el reconocido abogado penalista Guillermo Chaverri y que buscará el archivo de la causa.
Durante los graves hechos ocurridos en Cataluña los policías no cometieron ningún delito. Los policías nacionales y los guardias civiles, por mandato judicial, preservaron el orden constitucional y la seguridad ciudadana frente a actos delictivos, actuando siempre bajo los principios de legalidad y proporcionalidad que rigen todas las actuaciones policiales”, señalan desde el SUP Navarra.
Los representantes de los agentes de Policía Nacional mantienen su posición de total y absoluto rechazo frente a una ley de amnistía que genera inseguridad, incertidumbre y
desprotección al conjunto de la ciudadanía.
