CEP alerta sobre un nuevo intento de desmantelar una norma, la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y reclama que PSOE y Sumar escuchen a los policías y refuercen su seguridad ante el aumento de la violencia en las calles.
La Confederación Española de Policía -CEP- reclama que la anunciada reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que forma parte del acuerdo de legislatura cerrado hoy entre el PSOE y Sumar para una futura legislatura, no se haga de espaldas a los policías y que en ese proceso, para el que reclamamos ser escuchados por el Ministerio del Interior, se tengan también en cuenta los derechos de los profesionales de la seguridad pública y sus garantías físicas y jurídicas frente a la cada vez mayor violencia en la calle contra ellos.
La modificación de esa norma, que en CEP rechazan porque es esencial para el ejercicio de los cometidos de los policías y para garantizar la convivencia ciudadana, no puede ni debe convertirse en la víctima de las obsesiones de determinado sector de la extrema izquierda política de este país, para la que esa Ley sólo es buena si obedece a sus intereses. “Frente a ese concepto sectario del principio de legalidad, creemos que el consenso es fundamental para una reforma que debe proteger los derechos e intereses de todos”. Y que, junto con el Código Penal, es una de las herramientas esenciales de un Estado de Derecho para proteger la seguridad en las calles frente a quienes pretenden alterar lo que el Tribunal Constitucional ha definido en no pocas ocasiones como “la tranquilidad de los ciudadanos”.
Exponen y recuerdan desde el CEP, que en el caso de los profesionales de la seguridad pública como vienen denunciando desde hace meses, que 2022 fue el año en el que mayor número de delitos de atentado contra agente de la autoridad se registró en los últimos dieciséis, con una media diaria de 35 ataques contra policías nacionales y guardias civiles. Más de 12.800 infracciones penales de este tipo, que supusieron un incremento del 7,63% respecto a las de 2021 y que marcan una peligrosa tendencia al alza sostenida durante los últimos seis años.
Durante 2023 los datos de agresiones a miembros de Policía Nacional y Guardia Civil se están manteniendo en niveles similares a los de 2022, por lo que desde CEP tenemos claro que el balance final de estos delitos se prevé sea de una gravedad similar, constituyendo un riesgo incuestionable para la salud y la vida de quienes por mandato legal deben cumplir y hacer cumplir la Ley en España.
Denuncian que siendo esto así, el acuerdo cerrado hoy entre PSOE y Sumar para la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no puede materializarse en un futuro proceso que margine y evite contar con la opinión cualificada de los policías. “Si se repite este error tan grave, como ya ocurriera cuando el Ministerio del Interior anunció en su momento una iniciativa similar y que no salió adelante en sede parlamentaria por falta de consenso, volverá a generar un rechazo unánime entre los miembros de todo el colectivo policial, del que forman parte más de 225.000 servidores públicos de las Administraciones del Estado, autonómica y local”.
Finalmente, desde CEP muestran su alarma ante uno de los puntos acordados por PSOE y Sumar en el acuerdo de gobierno anunciado hoy, relativo a la identificación de los policías nacionales. Esta propuesta, de la que no conocen los detalles adicionales, podría poner nuevamente en el punto de mira a un colectivo cuya identificación ya está plenamente garantizada por normativa e instrucciones que existen desde hace diecisiete años, precisamente aprobada con un Gobierno socialista.
Apuntan que los policías nacionales ejercen una de las profesiones más fiscalizadas del país. Por las normas, que les obligan a conducirse de acuerdo con multitud de principios y garantías para la protección de los derechos y libertades de todos. Por mecanismos de control de actividades funcionariales que se desvíen de la Ley, a través de las unidades de régimen disciplinario y de la Unidad de Asuntos Internos. Por la tutela obligada de jueces y fiscales, a cuyas órdenes trabajan a diario. Por la obligación de respetar principios básicos de actuación a los que se deben en todo tiempo y lugar. Y por una sociedad en la que medios de comunicación y redes sociales retransmiten en directo cualquier intervención policial, haciéndola pública en cuestión de segundos para millones de ciudadanos.
Por todo ello, piden respeto. Reclaman que se reconozca su profesionalidad. Que se proteja su seguridad física y jurídica. Que se les aplique las garantías constitucionales que cualquier ciudadano tiene en materia de presunción de inocencia, frente a los reiterados intentos de que cualquier actuación de seguridad ciudadana sea sometida a un juicio público sin garantías cuya sentencia, inexorablemente, siempre es condenatoria. Que se cuente con ellos y se les escuche, en definitiva, para cualquier intento de reforma legal que afecte a su trabajo.
