La asociación Independientes de la Guardia Civil -IGC- informan del resultado al arduo trabajo de sus servicios jurídicos, que han logrado que la Abogacía del Estado se allane, una vez más, como ya viene siendo una práctica habitual a las justas reivindicaciones en materia socio-laboral de los guardias civiles que se ven obligados a transitar un largo periplo administrativo y judicial para que la Institución policial reconozca lo que en un inicio se deniega sistemáticamente de oficio, obligando así a los agentes a gastar su tiempo y dinero para que sean reconocidos sus derechos, logrando que os tribunales ordenen el pago del complemento específico singular reclamado por guardias civiles en situación de reserva activa destinados en puestos de catálogo ajenos a la Benemérita.
Remarcan desde IGC que con este nuevo allanamiento por parte de la Abogacía del Estado a la pretensión de resarcimiento en cuanto al pago del Complemento Específico Singular que forma parte de la nómina de un agente, respecto de los guardias civiles en situación de reserva activa, y que venía siendo denegado por la propia Dirección General de la Guardia Civil de forma continuada, se pone fin a una larga lucha entre los agentes y la Institución.
Los guardias civiles afectados, cuyas instancias, en su día, fueron desestimadas por el propio Instituto Armado, ven ahora resarcido dicho derecho económico, al apoyar la propia Abogacía del Estado la tesis que venían manteniendo los recurrentes, asistidos legalmente por el Letrado especializado en esta materia que ha sido contratado por los servicios jurídicos de IGC, el almeriense Jose Miguel Ramos, en el sentido de que también los guardias civiles en situación de reserva activa que no prestaban servicios en la Guardia Civil sino en “Catálogos ajenos”, en virtud de convocatorias de destinos de libre designación realizadas por la propia Dirección General de la Guardia Civil, verán reintegradas dichas cantidades económicas que reclamaban, de conformidad con lo interesado en las correspondientes demandas judiciales instadas ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) confían en que la Dirección General de la Guardia Civil reconsidere su postura negacionista a la hora de reconocer los derechos sociolaborales de sus trabajadores y evite así el largo calvario personal y económico que supone tener que acudir a la justicia, y que tal y como evidencian los hechos, no hace más que demorar en el tiempo el posterior reconocimiento en Sede judicial de lo legítimamente reclamado por sus trabajadores.
