El pasado 23 de julio se han celebrado las elecciones generales en España que han supuesto la victoria del PP en el Congreso con 136 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta incluso con los 33 escaños de VOX, con mínimas posibilidades para gobernar, dada la coalición Frankenstein que sustenta al gobierno de Sánchez desde hace más de cinco años (socialistas, comunistas, independentistas, proetarras, etc.) y que ya han anunciado a bombo y platillo que le seguirán apoyando. PNV y Coalición Canaria también anunciaron que no apoyarán a Feijoo. Eso sí, aún faltan por contabilizar los más de dos millones de votos emitidos desde el extranjero, que pueden variar en unos escaños el escrutinio actual. Por el contrario, en el Senado el PP ha obtenido la mayoría absoluta con 120 senadores y una diferencia aplastante sobre el PSOE (72 senadores, 21 menos que en los comicios de noviembre de 2019), diferencia que resulta inédita hasta ahora en relación a los resultados al Congreso. Dichos resultados han sido avalados por los softwares de la compañía tecnológica Indra, a la que el propio gobierno le adjudicó el contrato para gestionar los datos del escrutinio de todas las elecciones que se celebren hasta el año 2024.
Pero, como Sánchez está a los pies de los caballos del prófugo Puigdemont, que dejó a su pueblo en las cunetas, al necesitar el apoyo o al menos la abstención de Junts por Cataluña para volver a ser Presidente, no me cabe la menor duda que hará todo lo posible y mucho más para conseguirlo, aunque tenga que parcelar España con sus triquiñuelas que burlan la legalidad de la que falsamente alardea. A modo de recordatorio, Sánchez ya decía en el año 2021 “Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política de nuestro país”. Ahora la portavoz del Gobierno no se cansa de repetir “En Cataluña, como en el resto de España, sólo cabe el orden constitucional”. Incluso han tenido la desfachatez de decir que “En estos cuatro años, sí algo ha quedado claro, es que la actuación del gobierno siempre ha sido dentro del marco constitucional”. Entonces ¿Las sentencias del Tribunal Constitucional, que declararon nulos los Estados de Alarma decretados por el propio Gobierno Sanchista, dónde quedan? ¿Son una parafernalia o una exageración?
Junts exige la AMNISTÍA para las cuatro mil personas encausadas en el referéndum ilegal, lo que supondría la extinción de toda responsabilidad penal y civil, y el REFERENDUM de Autodeterminación, y aunque Sánchez dijera en plena campaña que no tendrán ninguna de las dos, a estas alturas ya conocemos la palabra de un mentiroso empedernido negociando ambas cosas. Es decir, sus negaciones luego se convierten en concesiones. A tal respecto, no debemos olvidar que el instigador de la revuelta golpista, que dejó a sus partidarios tirado y que puso en jaque al Estado no va a ceder en sus exigencias, aunque la Fiscalía del TS haya solicitado que se emita una nueva orden de busca y captura internacional contra el ex presidente de la Generalitat como consecuencia de haber perdido su inmunidad por sentencia dictada por el Tribunal General de Justicia de la UE.
Pero, aunque la gobernabilidad de España se encuentre en manos de los que quieren acabar con ella, la legalidad constitucional y la democracia están muy por encima de quienes quieren dinamitarlas. En este sentido, debo recordar una vez más que nuestra Constitución establece los mecanismos de su reforma, simple o agravada, en sus artículos 166 a 168. Así, el art. 168 prevé que puede proponerse la reforma de su Título Preliminar, que en su artículo 2 dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero al mismo tiempo exige que su aprobación lo sea por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y, en su caso, la disolución inmediata de las Cortes, con convocatoria posterior de nuevas elecciones generales. Posteriormente, las nuevas Cámaras elegidas tendrían que ratificar la decisión y proceder a su aprobación por igual mayoría de dos tercios, para después ser sometida la reforma a referéndum de todo el pueblo español. Esta es la fórmula de revisión de la unidad de España. Es la fórmula democrática y de legalidad establecida en nuestra Ley de Leyes. La Constitución francesa, italiana o alemana, por citar algunos ejemplos, prohíben expresamente cualquier referéndum que suponga la autodeterminación de uno de sus territorios.
También debo hacer referencia al artículo 92 de nuestra Constitución, que algunos citan como la clave para deshacer el posible bloqueo político de nuestra nación. Pues bien, debo indicarles que dicho precepto no puede ser aplicable a un referéndum vinculante, ni tampoco consultivo, puesto que, como ya he indicado, la indisoluble unidad de España está recogida expresamente como posible reforma constitucional en el artículo 2 de su Título Preliminar.
Concluyo, si no se respeta la Constitución Española, que es la Norma Suprema que rige nuestros derechos y libertades, se estaría conculcando alevosamente la legalidad vigente aprobada abrumadoramente por los españoles. Sería la subversión del orden constitucional. Y, en ese caso, los españoles tendríamos el derecho y también la obligación, a hacer frente al derribo intencionado, por las bravas y utilizando interpretaciones no jurídicas sino a todas luces inaceptables legalmente, a salir a las calles con todas las consecuencias, dado que constituiría una amenaza a nuestra convivencia y libertad, que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado. Ya me recojo, como decía Montesquieu “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”. Nadie está por encima de ella. Tampoco Sánchez.
Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado
