Es la denuncia de AUGC, en un momunicado de prensa en el que adjunta la foto, afirma que el Ministerio de Interior, a través de su Secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, pretende entregar la seguridad de los puertos y aeropuertos a las policías autonómicas, acelerando todos los trámites para dejarlo cerrado antes de que se acabe la legislatura, teniendo como efecto inmediato el destierro de más de 6.000 guardias civiles y sus familias de sus localidades. Y todos estos movimientos se están llevando a cabo ocultos a la opinión pública y a los ciudadanos, con toda la premura posible, antes de que finalice la legislatura y sin dar explicaciones a la opinión pública sobre los motivos que les llevan para desmantelar y hacer desaparecer, poco a poco, a la Guardia Civil de toda España.
Un informe jurídico de la Dirección General de Coordinación y Estudios, saltándose la Constitución y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos del Estado, argumenta, bajo interpretaciones hechas a medida por los miembros de esa Dirección, que debe hacerse entrega de las competencias que ostenta la Guardia Civil, en todos los puertos de interés nacional y autonómico, a la Policía Nacional, que actualmente solo realiza el control de la documentación, al ser la competencia reconocida en la mencionada Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y reconoce que, esta decisión supone, como efecto colateral, la entrega de la seguridad integral de los puertos a las Policías autonómicas en sus respectivos territorios.
Por la puerta de atrás
¿Y cuál es la forma de hacerlo para ocultarlo y desmantelar la Guardia Civil sin que nadie se de cuenta? Pues usando para ello los Planes de Seguridad, los cuales requieren únicamente del trámite de la firma del Secretario de Estado de Seguridad para echar a la Guardia Civil. De esta manera se hace entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a Ertzaintzas, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, tanto en zona pública como en zona restringida, incumpliendo la Ley al quitar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos, y relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal.
Y todo ello bajo la vigilancia activa de la agencia Frontex y de la propia Comisión Europea, que según AUGC ya piden explicaciones por escrito al Ministerio del Interior de quién es el competente en las fronteras exteriores de la Unión. Para mayor gravedad, todo esto sucede, en plena presidencia europea por parte de España.
