La Confederación Española de Policía –CEP- denuncia el abandono y la dramática situación por la que atraviesa la “Policía Autonómica de Galicia”. Este cuerpo policial es una Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia que tiene encomendada funciones de protección e investigación tan importantes como medio ambiente e incendios forestales, menores y violencia de género, marisqueo ilegal y furtivismo, vigilancia del Camino de Santiago y patrimonio histórico, juego, urbanismo, custodia y protección de edificios de la Xunta de Galicia.
Si bien los agentes llevan años denunciando el abandono que sufren desde el Gobierno, ya que, cuentan con un catálogo de agentes ya de por si obsoleto de 500 policías, que fue creado al inicio para todas las dependencias policiales de Galicia, quienes tenían atribuidas en origen menos competencias, sufriendo en la actualidad una carencia de policías próxima al 35%, a lo que se une la falta de medios de protección como chalecos antibalas o guantes de protección, un hecho que origina que los agente acudan a su puesto de trabajo con miedo, calificando que “ser policía y estar desprotegido tiene delito”, ”salir a la calle a trabajar con miedo tiene delito, y no tener el apoyo legislativo ni de quien gobierna tiene delito”.
“Desde el sindicato CEP también solicitan el aumento del complemento económico que tiene esta unidad y que lleva años sin actualizarse, como sí ha ocurrido en otras unidades adscritas”
Por todo ello solicitan el amparo y un esfuerzo por parte de la Xunta de Galicia ante una situación insostenible, que hagan entender al Ministro del Interior que estas circunstancias ponen en peligro la vida de los agentes, como ocurrió el 13 de abril, cuando 500 violentos bateeiros quisieron asaltar el Parlamento de Galicia, uno de los edificios que protegen estos agentes, y a donde tuvieron que ir agentes de la UPR y UIP de la Policía Nacional para evitar que fuera violentado.
Recuerdan a su vez la misiones que tienen encomendadas esta “Policía Autonómica” y que se ven afectados por la falta de agentes, como son los delitos medioambientales en un momento tan delicado como es el verano con los incendios provocados, o el control de los juegos de azar en casinos, bingos o locales de hostelería, evitando la ludopatía y el contacto de estos con menores, así como la investigación de delitos relacionados con menores, violencia de género o protección de víctimas.
