Ya decía Sánchez que la Fiscalía dependía del Gobierno y vaya si es cierto lo dicho, incluso en plena precampaña electoral, y con un gobierno en funciones, Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado nombrado por el dedazo de su sanchidad, propuso a su predecesora y también valedora, Dolores Delgado, para fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Tribunal Supremo, que no sólo constituye un abuso de poder sin precedentes, después de la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones sino que constituye una descarada ilegalidad.
Veamos, el pasado jueves, el Fiscal General del Estado convocó al Consejo Fiscal (once días antes de lo previsto), máximo órgano de la fiscalía, para conocer la opinión de los doce miembros que lo componen. Pues bien, al menos siete fiscales del Consejo se negaron a deliberar y votar la propuesta de nombramiento, incluso solicitaron que se excluyera del orden del día, dado que Delgado estaba incursa en una causa evidente de incompatibilidad establecida en el art. 58.Uno, de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice “Los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos: Uno. En las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal”. Precisamente, estas asociaciones mayoritarias de fiscales (AF y APIF) pusieron de manifiesto que la imparcialidad de Delgado estaba gravemente afectada por la íntima relación que mantiene con el ex juez Baltasar Garzón, quien influyó decisivamente con sus informes e impulsó la mal llamada Ley de Memoria Democrática.
Más aún, la mayoría de los miembros del Consejo Fiscal llegaron a vaticinar que muchas de las denuncias que se interpongan al amparo de dicha Ley estarán firmadas por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), fundación con la que ha colaborado activamente y en muchas ocasiones Dolores Delgado en conferencias, foros y cursos, lo que determina su palmaria idoneidad, al ser pareja del ex juez y colaboradora de su fundación que reporta muchos beneficios.
Tan sólo la propuesta, constituye una eliminación o lapidación de la legalidad. Es un acto obsceno contra el Estado de Derecho, que se confirmará con el nombramiento de Dolores Delgado en el próximo Consejo de Ministros como Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. ¡Manda ovarios o manda cojones! Recordemos que fue Ministra de Justicia, reprobada tres veces por el Congreso de los Diputados y el Senado, la más reprobada de la historia democrática que hemos vivido, después fue nombrada Fiscal General del Estado y, entonces como siempre se ha dicho, la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo.
Así las cosas, la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, por el dedazo español a favor de Delgado, incluido el adelanto de la reunión del Consejo y si finalmente como está cantado se lleva a cabo el nombramiento estudian recurrirlo ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que es lo que deberían de hacer si no quieren desaparecer del mapa democrático con todos nosotros y ser lo más parecido al mandamás Maduro y compañía.
Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado
