El Gobierno, en una polémica decisión “deja desamparados a miles de policías nacionales y guardias civiles” en zonas consideradas por los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil de especial conflictividad delincuencial o económica, como son los casos de Cataluña, el Campo de Gibraltar o Islas Baleares.
Unas zonas del territorio nacional para las que los representantes de los agentes solicitaban medidas especiales de carácter económico para paliar en cierta manera la realidad social, delincuencial o económica que padecen los policías en esos territorios.
Y es que el Gobierno, a través de la Mesa del Congreso de los Diputados, ha contestado al Grupo Parlamentario Popular, quien a través de las diputadas Ana Belén Vázquez Blanco e Isabel Borrego Cortés interpeló si el Gobierno consideraba declarar Cataluña como Zona de Especial Singularidad por las complicadas condiciones en las que viven los agentes de la Policía Nacional y de a Guardia Civil.
Si bien, el Gobierno informa que el Ministerio del Interior mantiene un estudio permanente sobre la posibilidad de establecer medidas en determinadas zonas del territorio español que, por su especial singularidad, permitan ajustar los cometidos del Estado a la singular realidad social que presentan y, “en este momento, no es necesario establecer nuevas Zonas de Especial Singularidad en territorio nacional”.
Una respuesta que ha sentado como un jarro de agua fría a los representantes de los agentes, como es el caso de Agustín Vigo, portavoz de la Confederación Española de Policía –CEP-, quien califica la respuesta dada por el Gobierno como inaceptable, “es el abandono de los policías en zonas donde la escalada de la violencia no ha cesado de crecer, donde la crispación social hace la convivencia de los agentes muy difícil en su día a día para conciliar una vida familiar, o donde no pueden hacer frente al pago de una vivienda digna ante su elevado precio”, “necesitamos por parte de quienes nos dirigen más empatía y comprensión ante la delicada situación a la que tienen que hacer frente los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos territorios, poner una venda y negar la realidad no oculta el problema, si no que lo agrava en un colectivo que ante todo necesita el apoyo de su Gobierno”.
